Posiblemente Luis Miguel Martínez Morales, mejor conocido por el mote de «Miguelito» y por supuestamente ser la pareja sentimental del expresidente Alejandro Giammattei, tiene hoy el dudoso «honor» de ser uno de los personajes más odiados de Guatemala. Sobre él pesan sendas investigaciones periodísticas que dan cuenta de las fechorías que él, su pareja expresidencial y su círculo de amistades han perpetrado. Ha sido sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos, incluso aplicándole la Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, con lo cual figura en el selecto club de los grandes corruptos a nivel mundial.
Sin embargo, Martínez Morales permanece impune y muy cómodo en Guatemala, protegido, principalmente, por Consuelo Porras, aún fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP). Porras, por un lado, ha atacado a jueces, fiscales, periodistas, políticos y otros muchos, pero también, no se olvide, ha protegido con un muy grueso manto de impunidad a corruptos y delincuentes. El más notable, sin duda, Miguel Martínez. Si no, ¿cómo se explica que el gobierno estadounidense sancionó a Martínez con la herramienta más drástica y severa a su disposición aplicable a extranjeros, pero la fiscalía guatemalteca no ha hecho absolutamente nada, pese a estar obligada a investigarlo?
De hecho, el clamor popular y ciudadano que exige la renuncia de Porras precisamente tiene ese doble objetivo: que, por un lado, pare la persecución penal espuria en contra de personas justas e inocentes y, por otro, que persiga a quienes tienen probados señalamientos, especialmente de delitos asociados a la corrupción. Pero, todo apunta a que Porras no saldrá por voluntad propia y sigue inmune a la sensatez, el sentido común e, incluso, a la simple razón o a la lógica natural de sobrevivencia. Es como un suicida kamikaze, dispuesta a morir por una causa insensata.
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Además, y quizá encima de las acciones internacionales de condena a Martínez Morales, pesa sobre él un repudio general que quedó evidenciado en los hechos acaecidos en La Antigua Guatemala el 14 de octubre de 2023, cuando él y su familia fueron blanco de expresiones de enojo ciudadano. Quizá, desde entonces, ya haya entendido su realidad: gente como él y como su familia no puede andar tranquila por la calle, porque le han robado a todo un pueblo.
En semejante situación, impartir justicia a Miguel Martínez y a toda su pandilla de corruptos es un gran desafío. La gente está muy enojada y, lamentablemente, la gran mayoría podría inclinarse por una ejecución sumaria antes que por la justicia. La protección que todavía le provee Consuelo Porras solo empeora y agudiza ese deseo de venganza ante la magnitud del daño que estos corruptos han causado.
Sin embargo, nos guste o no, la justicia, y no la venganza, es la que debe prevalecer. Cuando recuperemos el MP de las garras de la mafia de Porras, Martínez debe ser juzgado y condenado, con pleno respeto a sus derechos y garantías procesales. Nos guste o no, una vez capturado, se le debe presumir inocente, y una fiscalía legítima debe demostrar su culpabilidad, y un juez honesto, con base en las evidencias, condenarlo a la máxima pena posible. Ni más, ni menos.
En Guatemala debemos demostrar que somos capaces de esto. Ya dimos un gran paso en las elecciones. Preparémonos para el escenario de una Guatemala con un MP recuperado, con justicia de verdad. Es muy difícil, sí, pero posible.
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