40 febreros

Cuando Emil Bustamante fue detenido y desaparecido, gobernaba Fernando Romeo Lucas García. Cuando fue visto con vida por última vez, había asumido el poder de facto, Ríos Montt. De manera que, a los mandos militares de ambos gobiernos cabe la responsabilidad por el crimen de la desaparición forzada del médico veterinario y funcionario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Lejos de concluir con la práctica brutal de la desaparición forzada y la tortura, usada como arma contrainsurgente, el régimen de Ríos Montt y su sucesor Óscar Humberto Mejía Víctores la emplearon a fondo. Emil llega así a ser parte de esa estadística del horror y la brutalidad que significa la dolorosa cifra de más de 45 mil personas detenidas desaparecidas en Guatemala durante el Conflicto Armado Interno (CAI).  Mutilando familias mediante la desaparición, los gobiernos militares pasaron factura a quienes como Emil, optaban por un cambio en las condiciones de exclusión.

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Ya sea por su participación en organizaciones sociales, de base gremiales o comunitarias o, en los casos más radicales, vinculando sus vidas al movimiento revolucionario, miles de jóvenes hombres y mujeres, personas adultas en todo el país, perdieron la vida. Las estrategias del horror hicieron de la desaparición forzada un arma de aniquilación. Miles de familias, hombres, mujeres, niñas y niños, deambularon por centros de detención, hospitales, morgues y cuanto espacio les fue posible, en busca de sus seres queridos. En la casi totalidad de los casos se trató de búsquedas infructuosas.

Ese es el caso lamentable de Emil Bustamante. Por más gestiones y acciones de búsqueda realizadas, principalmente por su hermana Marylena, Emil sigue desaparecido. No hay información de cuánto tiempo estuvo con vida ni sobre qué destino tuvieron sus restos. La tortura de la familia de Emil se ha mantenido así por amargos cuarenta años de incertidumbre. Allí radica la mayor crueldad de la perversa estrategia militar contrainsurgente de la desaparición forzada. Un método nacido de las mentes más retorcidas que el estamento militar ha formado.

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Están por cumplirse cuatro décadas de la desaparición forzada de Emil Bustamante. Sus captores y la institución que los cobijó, siguen guardando silencio. Siguen atrincherados en su actitud cobarde al negar los hechos y procurar impunidad por sus crímenes. Sin embargo, no solo en cortes internacionales sino también y, mucho más importante aún, en cortes nacionales, se ha probado fehacientemente el uso de la desaparición forzada como arma contrainsurgente. Se ha probado también el empleo de las instalaciones militares como centros de detención y, tal como lo evidencia el caso Creompaz, como cementerios clandestinos.

Emil Bustamante merece justicia. Su familia merece respuestas. La sociedad guatemalteca merece superar esa etapa de oprobio y de terrorismo de Estado para crear las condiciones reales de no repetición. Mientras estos elementos no se den, el riesgo de que la historia se repita, sigue latente. Las estructuras que dieron vida al vergonzoso expediente de la desaparición forzada no han variado. Los términos en que sus integrantes se forman, tampoco. Las entidades de Estado, obligadas a la acción para impedir que se repitan, hoy se encuentran bajo asedio como son los tribunales independientes o, al servicio de la impunidad como sucede con el Ministerio Público.

Por ello es necesario seguir alzando la voz y exigiendo respuestas, verdad y justicia, ya se han acumulado 40 febreros sin Emil.