Malversar el programa del adulto mayor con fines electorales no solo es inmoral y asqueroso, además es ilegal.
El Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM) es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab). Consiste en un aporte de 500 quetzales mensuales a personas mayores de 65 años de edad, que un estudio socioeconómico determine que se encuentren en situación de pobreza extrema. Según el Mintrab, es un programa gratuito, por lo que ninguna persona debe pagar por aplicar, retirar su aporte mensual o el estudio socioeconómico.
Sin embargo, está trascendiendo que este no ha sido el caso. La Misión de Observación Electoral de Guatemala ha recibido reportes de que candidatos del partido oficial están condicionando la entrega del aporte económico de este programa, a cambio del voto.
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El peligro de anomalías en el PAM fue advertido por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en un comunicado publicado en mayo, luego de que la alianza oficialista en el Congreso de la República aprobara una ampliación por Q 339.9 millones a la asignación presupuestaria para el PAM. El Icefi manifestó preocupación por la forma acelerada con la que avanzó la aprobación de la iniciativa de ley número de registro 6812, presentada por la diputada y actual presidenta del Congreso, Shirley Joanna Rivera Zaldaña, y que fuera aprobada, sin los debidos análisis y discusión técnica, como el Decreto número 10-2023.
El Icefi detalla que esta ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso establece que los recursos provendrán del saldo de recursos no ejecutados de la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19 (Decreto número 11-2021), la cual readecuó Q1,878.0 millones para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que a su vez provenían de los fondos no ejecutados de la Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19 (Decreto número 13-2020). Es decir, el dinero para ampliar el presupuesto del PAM proviene del endeudamiento público aprobado en 2020 y 2021 para atender el impacto de la pandemia, pero que el gobierno de Giammattei no ejecutó.
La ampliación del presupuesto del PAM en plena campaña electoral resultó por demás sospechosa, y encendió las alarmas de los esfuerzos de monitoreo de la ejecución presupuestaria y de observación electoral, específicamente del posible uso de fondos públicos con fines político-partidarios durante la campaña electoral de 2023. Así que los informes sobre abusos en el PAM, condicionando la entrega del aporte económico a cambio de votos, confirma lo advertido.
Condicionar la ayuda económica para adultos mayores que sufren precariedad económica en la pobreza extrema a cambio de votos es repugnante e inmoral. Además, es un delito electoral y viola otras disposiciones legales.
El Mintrab, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP) deben investigar estos delitos y sancionar con todo el peso de la ley a los perpetradores. Sin embargo, tratándose de correligionarios del partido oficial, el riesgo de que reciban protección del Ejecutivo y del MP de Consuelo Porras es demasiado alto, ya que su gestión se ha caracterizado por ofrecer mantos de impunidad a los protegidos de Giammattei. Las actuaciones del TSE durante el proceso electoral actual tampoco ofrecen esperanzas de una actuación justa y apegada a la ley, toda vez el TSE ha demostrado un sesgo de favoritismo, protegiendo las candidaturas afines al oficialismo, y cancelando las opositoras.
Es imperativo y urgente que quienes conozcan de casos de abuso del PMA lo denuncien públicamente, para que, a fuerza de presión pública, se logre frenar lo que debería ser el colmo, abusar de adultos mayores con fines electorales.
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