Les molesta la crítica, les molesta la investigación de sus acciones y de cómo utilizan los recursos públicos, les molesta la exigencia de que rindan cuentas, les molesta el debate de las ideas que provoca la reflexión de los ciudadanos, les molesta no poder disfrutar a sus anchas de un poder hegemónico de corte dictatorial. Nos quieren ignorantes de lo que sucede. Nos quieren sometidos al silencio.
Para lograrlo, utilizan el manido recurso del miedo. La amenaza preferida son los procesos judiciales porque hoy resulta un horror el ser sometido a esa maquinaria de ejecución en que se ha convertido el sistema de «justicia». El gran esquema de destrucción institucional se ha hecho de un ejército de alfiles. Desde una posición de inalcanzable impunidad, pueden destrozar los principios básicos de una sociedad civilizada y llevarnos a un salvajismo disfrazado grotescamente de «legalidad». Este salvajismo atenta contra todo bienestar ciudadano. Hace de las élites poderosas dueñas no solamente del Estado y sus recursos, sino de la libertad y la seguridad de cualquier persona que estimen «peligrosa». Caer en esta categoría no es difícil. Puede pasarle a cualquiera.
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Como una gota más de ese incansable goteo que debería ya haber rebalsado el vaso, la semana recién pasada se celebró otra de las audiencias del cuestionado caso del periodista José Rubén Zamora. La fiscal Cinthia Monterroso sacó de su manga una nueva carta para añadir a la ponzoña que ya destila este proceso: la inédita solicitud de que el juez certificara lo conducente en contra de una lista de periodistas incómodos y, ojo a esto, medios independientes. El juez dobló la rodilla ante la absurda petición, respondiendo a la obediencia que se esperaba de él. No lo detuvo el hecho de que su resolución constituye una directa violación de la Constitución Política de la República que, en su artículo 35, expresamente prohíbe cualquier acción judicial en contra de los periodistas que emitan opiniones o críticas en contra de un funcionario público. Pareciera ser que las normas constitucionales se van desvaneciendo, borradas por la acción de un poder que ha impuesto su propia ley.
Ciertamente el periodismo está en la mira. Lo grave de la situación es que, si el periodismo cae, otras libertades se vendrán abajo. Lo relevante de los acontecimientos recientes no estriba solamente en los ataques a la prensa. Se trata de la libertad en sí misma. ¿Qué somos cuando un poder hegemónico nos arranca la libertad? Lo que perdemos es incalculable. Y tiene que ver de forma directa con nuestra vida, nuestros afectos, nuestra posibilidad de movilizarnos, elegir, sentir, creer, pensar. La libertad nos hace humanos.
Creer que perder la libertad de prensa no nos afecta a todos es absurdamente ingenuo. Es solo cuestión de tiempo antes de que nuevos zarpazos cercenen otros fragmentos de nuestro espacio vital. Si estas afirmaciones nos provocan alguna duda, podemos voltear a ver a nuestros vecinos. En Nicaragua, el régimen se sintió con la potestad de quitar la nacionalidad a cientos de ciudadanos, expropiar sus bienes, exiliarlos. En El Salvador miles han sido arrestados sin que, en muchos casos, exista ningún indicio de criminalidad en su contra. Los policías tienen asignadas cuotas de arrestos. Los procesos no obedecen a ninguna garantía procesal. ¿Es esta la realidad que nos espera? ¿Son estos los escenarios que nos anuncian las acciones que hoy vemos pasar ante nuestros ojos, pensando que es un asunto que afecta a los otros?
Si algún beneficio podemos rescatar del desastre que estamos viviendo es que hoy, más que nunca, debería hacerse evidente la necesidad de reafirmarnos en los valores que permiten una vida digna. Y, al examinar el asunto, no podemos sino constatar que la libertad se presenta como el baluarte primero. Nada más intrínsecamente humano que la necesidad y el derecho de expresar el pensamiento. Nada más intrínsecamente atado a la dignidad humana que la libertad para hacerlo.
Cuando del periodismo se trata, la libertad en la expresión del pensamiento constituye también un derecho ciudadano correlativo: el derecho a saber. No se trata solamente del derecho de los periodistas, columnistas, editorialistas a expresarse. Se trata del derecho ciudadano a saber. Y con este derecho, surge la posibilidad de cuestionar al poder público. El periodismo de investigación es la base de la transparencia y uno de los principales límites al abuso. Limitar el poder público es lo que permite la existencia de las libertades ciudadanas.
El periodismo es uno de los pilares para la construcción de esa comunidad a la cual llamamos ciudadanía. Del poder que logre acumular la ciudadanía depende la posibilidad de preservar la democracia. De allí que el periodismo sea una pieza clave. Si derriban su independencia, el poder abusivo podrá avanzar hacia su objetivo final: suprimir todas las libertades. Por eso, lo que les suceda a los periodistas criminalizados hoy o mañana, a los que terminen prisioneros, o los que deban marchar al exilio, es el anuncio de nuestra pérdida más preciada: el derecho a existir en libertad en Guatemala.
