Con dicho decreto fueron restringidas varias garantías esenciales al funcionamiento de una democracia. Entre otras, las autoridades de ejército y policía quedan facultadas para detener a toda persona «sospechosa» y se pueden intervenir las comunicaciones sin orden judicial. Ambas facultades, otorgadas sin control a fuerzas de seguridad que han tenido grandes señalamientos de actuar arbitrariamente, representan un riesgo para la población.
En la seguidilla de acciones supuestamente contundentes para aplacar a la delincuencia, Bukele también consiguió que su bancada en la Asamblea Legislativa lograra la aprobación de reformas al procedimiento penal. De tal suerte que cualquier persona puede ser detenida y enviada a prisión preventiva durante todo el tiempo que dure su proceso judicial.
Luego, propuso otras modificaciones que incluyen penas de hasta 15 años de prisión para medios y periodistas que difundan información originada o «presuntamente» originada en las pandillas. Un gravísimo atentado al derecho a informar y a estar informados.
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El conjunto de reformas y mecanismos de aplicación de las restricciones aplicadas, abre las puertas para el uso de la discrecionalidad y la arbitrariedad de las fuerzas del orden. ¿Quién define, por ejemplo, cuándo una persona es sospechosa? ¿Sospechosa de qué? Prácticamente se normaliza la aplicación del delito de portación ilegal de aspecto. Otra arbitrariedad estaría reflejada en la definición de que una noticia está presuntamente originada en un grupo de pandilla. Una vez más cabe preguntarse ¿quién o quiénes y cómo define la presunción del origen de unos datos? ¿Qué pasa si alguien denuncia estar siendo víctima de torturas o violaciones?
Ante la voz de preocupación que justificadamente se alzó desde instancias de veeduría en derechos humanos a nivel nacional e internacional, el megalómano gobernante arremetió contra quienes defienden derechos humanos. Utilizo para ello un recurso harto conocido que es el de acusar a quienes reclaman la actuación profesional de las fuerzas de seguridad, de defender delincuentes e ir en contra de la seguridad.
En los pocos días que lleva en vigor el decreto de restricciones, más de 4,000 personas han sido capturadas y enviadas a prisión. Aún cuando el gobernante, enamorado de sus políticas, guardó silencio al respecto del sitio donde se produjeron los asesinatos que usó de pretexto. En la zona en donde estos hechos tuvieron lugar tiene sus dominios la pandilla identificada como MS-13. Una organización con cuyos líderes su gobierno ha estado en negociaciones desde antes de alcanzar el poder.
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¿Por qué Bukele no utilizó la supuesta inteligencia acumulada en la investigación de las pandillas para proceder según el estado de derecho? Si ante la concentración del poder que ahora ejerce tiene bajo su control el poder judicial y la fiscalía, no hay razón para no usar la ley contra quienes, luego de sentarse a la mesa con él, asesinaron a más de 60 personas.
El pueblo salvadoreño, como la pobre gallina que incubó unos huevos que encontró en el camino, votó masivamente por el megalómeno Bukele, esperando encontrar en este un nuevo estilo de ejercer gobierno y devolver la esperanza perdida. Sin embargo, como se ve ahora, embriagado del poder que ejerce, lo utiliza para hacer de su país una enorme prisión y encerrar a su pueblo que, ingenuamente empolla los huevos de una serpiente que tarde o temprano le aniquilará.
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