En principio, creo necesario reconocer las actuaciones coherentes de la Alianza Evangélica de Guatemala en temas como el combate de la corrupción. Asimismo, conozco a muchas personas cristianas que demuestran día a día un compromiso con sus creencias y que lo hacen respetando los derechos de otras personas. Lo anterior me motiva a escribirles, toda vez que creo en la posibilidad de dialogar racional y respetuosamente. Debo indicar, asimismo, que respeto su derecho constitucional de petición. Sin embargo, disiento de ustedes en los siguientes puntos.
Ninguna organización religiosa o política tiene la función constitucional de velar por la moral, la ética y las relaciones armoniosas entre los ciudadanos y las ciudadanas. Entiendo que su sistema de creencias les hace pensar que tienen una investidura especial, pero yo estoy entre los ciudadanos que no reconocen su autoridad, como tampoco la de otras Iglesias.
Ustedes afirman que la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG) «reprueba la actitud de las autoridades del MP [Ministerio Público] al colocar en sus instalaciones la “bandera del orgullo gay”, con lo cual promueve prácticas amorales y contrarias a la familia…».
Debo recordarles que la Constitución Política garantiza la libertad de pensar y actuar siempre que no haya una prohibición explícita. De esa manera, sus creencias pueden ser aceptadas por sus fieles, pero no pueden ser prescritas para la población en general. Para dirimir lo que es correcto o incorrecto están los tribunales.
Seguidamente, ustedes «refutan» la justificación, atribuida al MP, de que exista una «atención especializada a determinados grupos de población […] que no han recibido atención en materia de políticas que promuevan sus derechos en función de sus categorías específicas».
Parece necesario recordarles que los colectivos LGBTIQ llevan décadas luchando global y localmente por combatir la discriminación y la violencia en ámbitos laborales, educativos e incluso religiosos. Por eso el MP tiene una política especial. En contraste, parece que ustedes vieran un privilegio en una acción simbólica que solo busca crear conciencia sobre la importancia de la inclusión y de la necesidad de condenar todas las formas de violencia y de discriminación. Francamente, su reacción me parece desproporcionada y fuera de lugar, precisamente porque no expresa ninguna empatía por las víctimas de los crímenes que han motivado esa política especial del MP y porque el sufrimiento de las personas merece un mínimo de respeto. Los nombres de mujeres transexuales asesinadas y los múltiples crímenes de odio están documentados si ustedes quisieran conocerlos.
Ustedes «reprueban» que una bandera de colores ocupe temporalmente un espacio junto a un emblema nacional en una institución pública, pero no olviden que la Presidencia de la República es también una institución y que, pese a la separación entre Iglesias y Estado, los últimos presidentes constitucionales de los cuales tenemos memoria han participado en ceremonias religiosas, en su calidad de dignatarios, en templos católicos y evangélicos, donde la bandera nacional aparecía junto a emblemas religiosos.
Ustedes les exigen «a todas las autoridades gubernamentales, en especial a las del Ministerio Público, mantener equilibrio demostrando que no tienen tendencias que polarizan, discriminan [o] menoscaban el verdadero derecho de todos los guatemaltecos [y], a su vez, que cuiden de no reforzar tendencias que van contra la dignidad de la familia, los valores ético-morales y […] los demás grupos que han sido dejados fuera de su mezquina justificación».
Noten que el lenguaje denigrante y el señalamiento de inmoralidad que ustedes expresan llevan una carga muy poderosa que se refleja en los comentarios que aparecen en redes sociales y en sitios de internet de empresas noticiosas. Si se toman la molestia de revisar esos sitios, verán de inmediato las referencias a la religión, los insultos y algo muy preocupante: los constantes llamados a la violencia que incluyen, entre otras, citas del Levítico. ¿Acaso es necesario razonar sobre la aplicación de ese texto en un país como Guatemala en pleno siglo XXI?
Les recuerdo que ustedes hacen un llamado al señor presidente constitucional para que «mantenga el orden dentro de las entidades de Gobierno». De nuevo debo recordarles que las instituciones del Estado no se administran en atención al sistema de creencias de un presidente. ¿O acaso ustedes están sugiriendo que el poder ejecutivo intervenga en la función del Ministerio Público?
Recuerdo haber escuchado, en más de una ocasión, comunicados de ustedes en los que demandaban el cumplimiento de la ley. En esta ocasión, con todo respeto, yo les pido exactamente eso. Nada más que eso. Que respetemos la Constitución Política, en la cual se plasma la libertad de pensar y de actuar.
Ustedes tienen derecho a vivir conforme a sus creencias. Lo menos que pueden hacer es respetar la manera como viven otras personas, en especial en este momento difícil para Guatemala, cuando es preciso cerrar filas contra la corrupción, que abarca todos los sectores sociales.
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