El proceso de retorno a un sistema de educación pública, incluyente y gratuita ya había comenzado en Chile. Este proyecto de ley es una de las promesas de campaña de Michelle Bachelet y, fundamentalmente, una demanda social profunda que todavía tiene un escenario de lucha política y parlamentaria por delante. A este respecto debe recordarse que uno de los legados de la dictadura pinochetista había sido precisamente un modelo de educación superior en el cual esencialmente el negocio estaba primero, el mercadeo pesaba más que la excelencia, por lo que varias generaciones no tuvieron más remedio que endeudarse para poder estudiar a nivel superior. En otras palabras, la experiencia demostró que el mercado no condujo a la prosperidad, sino a la acumulación de capital en pocas manos, dado que el financiamiento mediante préstamos convirtió la matrícula en un verdadero botín.
Permítame sintetizar cómo ha venido funcionando la matrícula para alguien que ingresa a una universidad en Chile: a menos que acceda a una beca, la opción general es un préstamo que proviene de fondos públicos. Luego, ese préstamo va a dar a la matrícula de una universidad, donde la educación se asume como negocio. Es así como el modelo escaló en precios hasta competir con las matrículas de universidades en Estados Unidos.
Luego, al graduarse, la persona debe lidiar con una deuda. Y en no pocas ocasiones el mercado no ha sido capaz de absorber a las nuevas generaciones de profesionales.
La historia anterior es muy común en Estados Unidos, Canadá y otros países que renunciaron a la educación superior incluyente, donde se repiten dramas y frustraciones de personas con títulos y marcas, pero sin acceso al trabajo. Eso sí, las deudas hay que pagarlas.
Desde mi perspectiva, el problema no está en pedirle racionalidad y eficiencia al sistema de educación superior. De hecho, el nuevo proyecto chileno aspira a conservar elementos positivos como la excelencia académica de ciertas universidades. Lo que convierte ese sistema en un instrumento de exclusión es la farsa de vender oportunidades de trabajo que el mercado no puede garantizar, así como estimular a una persona a endeudarse más allá de sus capacidades. Lo anterior lleva implícito un factor aún más perverso: en cualquier parte, la deuda universitaria es un factor de domesticación de una población que históricamente ha dado la cara por la transformación de la sociedad.
De esa cuenta, la privatización de la educación pública contribuye no solo a destruir la organización magisterial a todo nivel. Es muy importante también que cada estudiante lidie individualmente con una deuda que lo incapacite para asumir cualquier postura crítica que amenace su futuro financiero.
Los profesores y las profesoras no escapan de esa dinámica de salarios, contratos, evaluaciones y exclusión. Y precisamente por eso, y porque el negocio sufrirá, habrá resistencia y el proyecto chileno de educación gratuita e incluyente puede requerir una lucha intensa y sostenida.
En Guatemala, quienes continúan vendiendo humo y manitas invisibles sueñan con un modelo universitario a la chilena, donde el Estado le dé a cada estudiante una parte del presupuesto de la Universidad de San Carlos para que decida dónde estudiar.
Por supuesto, este mecanismo haría escalar las matrículas y pronto observaríamos una explosión de universidades que cobrarían caro sin garantizar una educación de calidad, tal como ocurre en el nivel medio. Pero lo más importante sería, ante todo, la destrucción de la universidad como bien público y como espacio de activismo político. Este último objetivo sigue vigente para la minoría que históricamente ha llevado las riendas del país.
Después de décadas de fracaso, el modelo de educación superior privada está siendo cuestionado y transformado en Chile. La esencia del nuevo proyecto es que el Estado asuma su función de regulación y que el acceso a la universidad sea amplio e incluyente, como en otros países que valoran la educación como elemento central para construir ciudadanía y bienestar.
Mientras tanto, en Guatemala, quienes abogan por una piñatización del presupuesto de la USAC ya no tendrán ese modelo como referente.
Nos toca estar atentos y atentas a la postergada reforma universitaria y, de paso, esperar que la lucha contra la corrupción también abarque la academia. Recordemos que corromper instituciones ha sido y es una vía para la privatización y los negocios sucios.
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