Una quinta parte de los habitantes experimentan pobreza extrema, casi sin canales de movilidad social. Postergados y vulnerables, carecen de abrigo, alimentos, vivienda, agua segura y medios para ganarse el sustento. Con dificultad sobreviven a enfermedades, violencia y desastres naturales. Sufren migración forzada de sus zonas de vida y de sus redes de apoyo por el agotamiento de los recursos y medios de subsistencia habituales.
Esta es una forma muy dura de vivir, y no extraña ...
Una quinta parte de los habitantes experimentan pobreza extrema, casi sin canales de movilidad social. Postergados y vulnerables, carecen de abrigo, alimentos, vivienda, agua segura y medios para ganarse el sustento. Con dificultad sobreviven a enfermedades, violencia y desastres naturales. Sufren migración forzada de sus zonas de vida y de sus redes de apoyo por el agotamiento de los recursos y medios de subsistencia habituales.
Esta es una forma muy dura de vivir, y no extraña que las tasas de mortalidad materna e infantil, de enfermedades infecciosas y de desnutrición de Guatemala estén entre las más altas del mundo. La discriminación hacia los pueblos originarios se halla en la médula de este circuito perverso.
La gestión pública para un desarrollo incluyente debe establecer, como paraguas de las políticas públicas, la definición de garantías ciudadanas de acceso a oportunidades para realizar plenamente el potencial físico, intelectual y social de la persona, principalmente en la primera etapa de su vida. El acceso escolar y de salud, el apoyo a los ingresos familiares, la educación sexual y reproductiva y la capacitación laboral contribuyen a romper el ciclo de la pobreza.
La población trabajadora en pobreza no extrema y las capas medias tratan de cubrir necesidades básicas. Sin embargo, son objeto de múltiples agresiones desde la política pública, con efecto empobrecedor. Algunos ejemplos:
- Concentración de la carga tributaria. Las capas medias son un catastro identificable de consumidores y asalariados que soporta la mayor carga tributaria. Las empresas son agentes retenedores, y al analista distraído le parecerán mayores los aportes corporativos. Para cubrir el déficit, el Estado diseña paquetes tributarios enfocados en dos millones de contribuyentes sin capacidad de puja ni representación política.
- Desperdicio de los recursos públicos. Hay despilfarro en la ejecución de gastos de la administración central y de entidades autónomas y descentralizadas. También se desperdician el suelo, el subsuelo, los bosques, el recurso hídrico, el recurso humano y las fuentes de energía renovable. Se dan en concesión, usufructo y explotación áreas que cualquier país consideraría estratégicas para su desarrollo. Todo ello empobrece la nación e hipoteca el futuro de sus habitantes.
- Elusión y evasión de pagos de prestaciones a los trabajadores. Desde la flexibilización del empleo público en 1993, el Estado se ha convertido en evasor de los sistemas de protección social y de empleo decente. Tiene empleados por diez o más años con contratos temporales sin prestaciones ni previsión social, en violación del orden jurídico. Los patronos privados siguen el ejemplo y aprovechan que el Estado no tiene autoridad moral para tutelar al trabajador, término vulnerable del binomio productivo.
- Escala salarial de base subcero. El salario mínimo legitima la pobreza cuando se acepta como válido que esté debajo del costo de la canasta básica. Cuando la escala de salarios según complejidad del trabajo toma como nivel cero el costo de la canasta básica se produce un cambio importante: la discusión sobre competitividad del costo salarial se dirige hacia las razones del encarecimiento de la canasta básica de bienes y servicios y estimula estrategias para reducir la factura alimentaria, educativa, sanitaria, de abrigo y de habitación que paga el país para la reproducción y el desarrollo del capital humano.
- IVA sobre medicamentos, insumos y servicios médicos. Según el Banguat, el consumo final de servicios de salud de 2013 alcanzó los 16 millardos de quetzales, de los cuales 10 millardos fueron prestados por el sector privado. El sector público redujo la capacidad de consumo de salud, de aproximadamente 1.4 millardos, a casi 12 millones de personas. Sin embargo, no está en capacidad de regular y proteger la salud, menos de proveer servicios de salud efectivos y equitativos. Como estos, hay otros derechos que el Estado no garantiza, sino encarece con gravámenes —como el IVA sobre materiales educativos, libros y útiles escolares—.
No me gusta la noción de combate a la pobreza. Veo cooperación en la producción, segmentación en el consumo y conflicto en la distribución. La gestión pública alcanza cotas líricas del principio de Peter, y sus competencias apenas cubren lo básico. Es tiempo de poner sobre la mesa las formas del poder ciudadano y acometer la acción política de enseñarlas y promoverlas hasta reconfigurar el Estado y reorientar sus dinámicas.
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