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Cuando escuché a Kow Otani decir que había compuesto, dentro de la banda sonora del juego Shadow of the Colossus, el movimiento para el fin de la batalla como melodía triunfal con estructura de réquiem, admiré el desafío que se impuso y aplaudí esa melodía capaz de contagiar el sentimiento de vencer con tristeza, de ganar perdiendo.
Así se siente ver a Guatemala clasificada como país de ingresos medianos altos, pero con indicadores de un país de ingresos bajos. Para clasificarse, Guatemala necesitó alcanzar un ingreso nacional per cápita equivalente a 1.3 salarios mínimos anuales. En el mundo real, el salario mínimo fijado a inicios de 2018 debe alcanzar para cinco personas al ritmo inflacionario del año electoral.
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Los promedios nacionales sostienen una endeble ficción. Los años de escolaridad promedio en personas de 25 años y más (6.5 años), la tasa de pobreza monetaria (59.3 %), la desnutrición crónica (46.7 %) o la proporción de jóvenes de 15 a 24 años sin escuela ni empleo (27.5 %) son indicadores alarmantes, pero ocultan desigualdades territoriales aún más graves.
La viabilidad del futuro exige concebir y conducir un desarrollo regional equilibrado. Cosa difícil, dado que implica ver las regiones no como compartimentos, sino como espacios de gestión territorial, inversión y especialización adecuadas y pertinentes a las características, potencialidades y necesidades de cada territorio.
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Llegó el momento de romper el molde creado por la Ley Preliminar de Regionalización. Esta ley, en 32 años de existencia, dejó estancadas las promesas constitucionales de descentralización. Por ser inaplicable, facilita la segregación política y social. Dicha agrupación de departamentos oscurece el diagnóstico y dificulta la alineación de las inversiones y de los planes regionales.
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El litoral pacífico es la zona con más cuencas del país, una pendiente no mayor que ocho grados y alta probabilidad de lluvia, casi tanto como la Franja Transversal del Norte. Dicha franja, de Huehuetenango a Izabal, es el territorio con menor dotación de electricidad, carreteras, escuelas y centros de salud, así como con mayor desnutrición, desempleo, pobreza, ruralidad y analfabetismo.
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Entre estas dos franjas, por occidente tenemos la cadena volcánica: un conjunto de departamentos con una diversidad de enlaces de comunicación, actividades económicas, destinos turísticos y articulaciones con el comercio exterior. Es una región con múltiples desafíos y carencias, con un enorme potencial, pero también afectada por varios tipos de amenazas ambientales y con enormes tareas de reconstrucción del tejido social y de las infraestructuras económicas y sociales.
Hacia el oriente, entre las dos franjas, está una zona creciente de desbalances demográficos, ambientales y económicos: el Corredor Seco, que abarca Zacapa y Chiquimula, Jutiapa y Jalapa, junto con Baja Verapaz y El Progreso. Hay evidencia suficiente de que el departamento de Guatemala es parte del Corredor Seco. Sin embargo, por disposición constitucional (artículo 231) forma la región metropolitana. La urgencia que la Constitución impone al desarrollo y fomento del Petén hace que este vasto territorio también forme su propia región.
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En el mapa resaltan las desigualdades en la desnutrición crónica cuando la regionalización refleja condiciones homogéneas. El ejemplo es válido para analizar desempeño económico, violencia homicida, logro educativo o acceso a agua segura. Las nuevas regiones, con necesidades y potencialidades compartidas, avanzarían mejor hacia sus objetivos de desarrollo.
¿Cómo cambiar el esquema actual de regiones por uno más racional, funcional y efectivo? Según la Ley Preliminar de Regionalización, decreto 70-86, artículo 4, «el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, a propuesta de los consejos regionales, puede proponer al Congreso de la República la modificación de la integración y el número de regiones». La Segeplán, como órgano de planificación del Estado, como secretaría técnica del sistema de consejos de desarrollo y como ponente de la redefinición de regiones en torno a un sistema de ciudades intermedias, puede crear el entorno apropiado para estos cambios y promover la iniciativa desde el Conadur hacia el Organismo Legislativo.
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