La dimisión del ministro José Moreno de la cartera de Desarrollo Social, confirmada la semana pasada, ha multiplicado la preocupación por el destino de esa entidad, pero sobre todo por la incapacidad del Gobierno para proveer protección social mínima a los grupos más vulnerables, que en Guatemala son cualquier cosa menos una minoría.
A Moreno se le achaca incapacidad para ejecutar el presupuesto, un argumento que encuentra fundamento ante los hechos de que a la fecha ese ministerio ha ejecutado solamente el 11 % de su presupuesto vigente para 2017 y de que en 2016 alcanzó a ejecutar el 83 % del presupuesto vigente al final del año. En ambos casos, por debajo del promedio de toda la administración central de gobierno (92 % en 2016 y 47 % al 30 de julio de 2017).
Abunda la especulación y el rumor, pero sobre todo el temor en cuanto al reemplazo de Moreno en el Mides. Los supuestos candidatos que figuran en las notas de prensa están vinculados más a esquemas de captura y corrupción que a un rescate de la institución, entre ellos actuales funcionarios o exfuncionarios de gobierno: el viceministro de Telecomunicaciones en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como el candidato que impulsaría una facción del partido oficialista, FCN-Nación; un exviceministro del Mides, como candidato de otra facción del FCN-Nación; un allegado al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, etc.
Al margen de su veracidad, estas especulaciones y rumores evidencian algo cierto: el temor por que al Mides y a los programas de protección social del Gobierno se les continúe viendo como un botín politiquero a capturar para propósitos de enriquecimiento ilícito y prácticas electoreras espurias. Esta situación debería poner en alerta y mover a la acción a la ciudadanía, a los órganos de control del Estado y a la comunidad internacional interesada en coadyuvar a la solución de los problemas sociales de Guatemala.
Sin embargo, la cosa no es tan directa ni clara. El problema del Mides (por desgracia, debemos referirnos al asunto como lo que ya es, un problema) tiene un trasfondo ideológico complejo y difícil. Para algunos, seguramente la derecha extrema y el pensamiento liberal, el Mides es la demostración más clara de que el Estado no debe dedicarse a asuntos como brindar protección social a grupos vulnerables, por lo que la solución al problema es muy sencilla: cerrar el Mides y todas las entidades del Estado con propósitos similares y dejar que el sector privado y las fuerzas del mercado resuelvan el problema, de modo que la acción estatal se limite a intervenciones mínimas en funciones básicas como seguridad y justicia.
Estamos quienes consideramos que la solución al problema no es sencilla, pues creemos que el Estado sí tiene que intervenir como protector de los grupos sociales más vulnerables y necesitados. De ese modo, la solución al problema del Mides no es suprimirlo, sino rescatarlo y corregir la situación de manera que los programas de protección social los ejecuten funcionarios y servidores públicos probos de forma efectiva, eficiente y transparente. Es decir, creemos que, tal como lo han logrado hacer otras sociedades, esto en Guatemala sí es posible, urgente y necesario.
Entonces, la crisis actual marcada por el nombramiento del reemplazo de José Moreno en el Mides nos obliga, primero, a reconocer que hay un debate ideológico muy complejo y por demás legítimo y, segundo, a levantar la voz y activar la auditoría social y un frente amplio y progresista para rescatar esa parte tan importante de la institucionalidad del Estado. No permite espera. Es hoy, ahora.
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