Del Estado de derecho al Estado anómico

El período político que vivimos en Guatemala es probablemente el más importante de los últimos 70 años, solo comparable con la etapa de primavera democrática que finalizó abruptamente en 1954. Lo que atestiguamos en esta coyuntura nos está demostrando la matriz estructural que ha predominado en el Estado probablemente desde su fundación, por lo que es indispensable empezar a reflexionar sobre los conflictos e inercias que alimentan la crisis en el momento coyuntural actual. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué factores alimentan la crisis? ¿Qué es lo que está en juego? Estas interrogantes las iremos contestando a lo largo de varios análisis.

Sobre los factores que alimentan la crisis, hay que recordar en primer lugar que existe un discurso desde el 2019 sobre un fraude electoral que han repetido irresponsablemente muchos analistas y actores políticos, sin que ninguno de los que alegan tal posibilidad hayan podido probar absolutamente nada. Lo bueno de ello es que en el 2023, finalmente los ciudadanos conocen la fortaleza técnica del sistema, que descansa no en los datos transmitidos por el sistema informático (TREP), sino en el conteo ciudadano que realizan la Juntas Receptoras de Votos y su cadena de custodia, aspecto que niega cualquier posibilidad de fraude –entendido como la alteración de votos físico a favor de un candidato perdedor–.

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Un segundo elemento que alimenta la crisis es la idea del Estado de derecho: el Ministerio Público (MP) insiste en su discurso de imparcialidad y respeto irrestricto al Estado de Derecho, aspecto que repiten como loros tanto el Presidente, como los demás agentes judiciales del sistema. Una lectura cuidadosa, sin embargo, descubre no un Estado de derecho sino un Estado anómico, donde la ley se utiliza como instrumento político para fustigar y castigar opositores. El sociólogo mexicano Fernando Escalante narraba en su libro «Ciudadanos imaginarios» cómo este tipo de sistema que se construyó bajo el ropaje legal, utiliza la ley para castigar y perseguir a los enemigos –el concepto moderno de LawFare, o guerra jurídica–, por lo que el eufemismo de imparcialidad le queda grande al MP. Para muestra, un botón: el vespertino La Hora descubrió que en el MP hay denuncias contra dieciocho partidos políticos similares a las que sirven para atacar al Movimiento Semilla, pero las diligencias han sido sorprendentemente eficaces contra el partido del nuevo gobierno, y completamente ineficaces para el resto de casos. Igual razonamiento de indolencia y desidia para los aliados, y celeridad y eficiencia para los enemigos es la resolución de la Junta Directiva del Congreso, que se apresuró a declarar independientes a los diputados de Semilla, lo que les restaría privilegios como formar parte de la Junta Directiva en el futuro, pero, paradójicamente, tal medida no ha sido aplicada ni a la bancada de la UCN –partido cancelado desde 2022–, ni al diputado miembro de la Junta Directiva, Aníbal Rojas, expulsado en enero pasado del partido con el que fue electo, por lo que a todos ellos se les debería aplicar la misma medida que al partido Semilla.

Lo fundamental aún no se ha discutido: ¿tiene un juez la potestad de cancelar a un partido político en época electoral usando no la legislación electoral, sino la penal? El análisis de los juristas dice que no, que para hacer esto, retorcieron la interpretación de la ley, de manera que con el ropaje jurídico, intentan perseguir a quienes consideran opositores. Por eso he afirmado en varias ocasiones que el fondo del problema no es legal, es político. Desde el timing para activar la persecución penal –después de la primera vuelta electoral–, como el acomodamiento de las piezas para la persecución –usar la Fiscalía contra la Impunidad en vez de la Fiscalía de Delitos Electorales–, como el sustento legal que usaron para suspender al partido –el uso de una ley de rango ordinario para desconocer una ley de rango Constitucional–, todo hace dudar de los verdaderos motivos que impulsan realmente al MP. Por eso el presidente electo, Bernardo Arévalo, con toda razón habla de intento de golpe de Estado.

Un análisis del pasado demostraría que nuestra historia política está llena de incidentes anómicos, en las que el uso de la ley ha servido para legitimar intereses políticos particulares, dando para ello una apariencia legal. Por eso hablamos de que en Guatemala, prevalece el Estado anómico, no el Estado de derecho que tanto menciona el MP. (Continuará)