Su gestión empezó por abolir la Constitución Política de la República y gobernar mediante un texto denominado Estatuto fundamental de gobierno, producido desde el grupo golpista. Ríos Montt concentró el ejercicio del poder, condujo un andamiaje estatal que cometió actos de genocidio contra la población y aniquiló a la oposición política y social mediante la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura y el exilio.
Casi cuatro décadas después, un pusilánime gobernante, que cada vez que puede se disfraza de militar, ha terminado por arrasar la institucionalidad democrática. Al mejor estilo de Calígula y en su afán de procurarse impunidad, Jimmy Morales ha complacido a los círculos de influencia del Pacto de Corruptos al destruir el andamiaje democrático.
Haber desmantelado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) no ha sido suficiente, y ahora, de la mano de sus aliados mafiosos en el Congreso, crea un organismo ilegal de persecución política denominado Comisión Específica de Investigación. Esta ha sido creada mediante el acuerdo legislativo 12-2019, aprobado en la sesión del 24 de septiembre. Estará integrada por Luis Pedro Álvarez, Manuel Conde Orellana, Luis Hernández Azmitia, Juan Ramón Lau y Aníbal Rojas, cinco hombres del Legislativo que, según el acuerdo que da vida al engendro que integrarán, tienen facultades para requerir información a la comunidad donante de la Cicig, pedir la extradición de personal internacional que laboró en esa comisión y denunciar a personal nacional de esta o del Ministerio Público que impulsó los procesos contra corruptos y criminales. Curiosamente, la casi totalidad de esta comisión está formada por congresistas que han enfrentado procesos de antejuicio por la comisión de diversos delitos.
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La estructura criminal que ahora detenta el poder en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial disfraza así de legalidad el golpe de Estado que impulsó con el apoyo del sector empresarial, cómplice o ejecutor de muchos de los crímenes investigados por la Cicig. Parte de la estrategia golpista a fuego lento iniciada en 2018 ha sido la procura del aislamiento internacional. El Gobierno y sus aliados pretenden que no haya escrutinio de su arbitrario comportamiento. Son como el limpiador de la estructura criminal de servicios de inteligencia, que después de una operación encubre las huellas de los perpetradores y deja el terreno limpio para quien operará.
Es decir, las acciones arbitrarias y a todas luces ilegales de Jimmy Morales, del Congreso presidido por Álvaro Arzú Escobar o del Organismo Judicial conducido por Néster Vásquez solo se explican en el marco de su innegable necesidad de procurarse impunidad: una razón que los mueve al abuso del poder que ostentan por delegación legal y el cual no es su propiedad individual.
La conducta del Ejecutivo y la del Legislativo solo denotan una disposición cuasi natural a generar una dictadura al mejor estilo de los gobiernos militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. Lucas fue capaz de tomar por asalto e incendiar una representación diplomática, en tanto Ríos Montt arrasó con cuanta expresión de disidencia que alzara la voz. Dichas coincidencias no son mera casualidad. En los orígenes y en la trastienda de la ficha partidaria que llevó a Jimmy Morales a la presidencia hay militares retirados que apretaban el gatillo durante los regímenes de Lucas y Ríos. Algunos de estos y otros más también están ligados al partido político que impulsó al presidente electo Alejandro Giammattei.
El momento que ahora vive la sociedad guatemalteca es de alto riesgo. La débil institucionalidad democrática está en peligro. Si continuamos dejando hacer, dejando pasar, nuestros derechos, libertades y garantías se irán por el desagüe empujados por la entente criminal de militares retirados, políticos, funcionarios y empresarios corruptos. De esa manera, es imperioso plantarle cara al pacto criminal y defender con las uñas si es necesario la posibilidad de vivir en paz y en democracia.
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