Conducir un vehículo implica responsabilidades muy serias, incluso la posibilidad de matar, aún sin intención. No es un derecho y el Estado debe autorizarlo.
El jueves de la semana pasada causó revuelo un hecho de tránsito ocurrido en El Naranjo, zona 4 de Mixco. Las redes sociales se inundaron con las imágenes de un vehículo irrumpiendo violentamente en una pastelería, arremetiendo en contra de una mesa en la que se encontraban siete mujeres. Se debe esperar el resultado de las investigaciones para extraer conclusiones y deducir responsabilidades, pero por el momento, un juez ligó a proceso a las dos conductoras involucradas por lesiones culposas y daños a la propiedad.
Este hecho reavivó el debate sobre la responsabilidad de quienes conducimos vehículos. Se vuelve a evidenciar un alto nivel de ignorancia, y si no, necedad, de quienes defienden, demasiadas veces con agresividad, que conducir un vehículo es un derecho, que generalmente se entiende como si pueden hacer en su vehículo lo que se les dé la gana.
El artículo 26 de la Constitución Política de la República garantiza la libertad de locomoción, estableciendo que «toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley.» El resto del artículo establece normas generales para el ingreso y egreso de personas al territorio nacional.
Es decir, la libre locomoción no es un derecho ilimitado e irrestricto, porque hay una ley que establece límites y responsabilidades. Se trata de la Ley de Tránsito, decreto del Congreso de la República número 132-96, que en su título III establece el derecho de vía (artículo 12) y el límite de responsabilidad (artículo 13) del tránsito de las personas. Es explícita en cuanto a que las personas tienen prioridad ante los vehículos para circular en las vías públicas, siempre que lo hagan en las zonas de seguridad y ejerciten su derecho por el lugar, en la oportunidad, forma y modo que normen los reglamentos.
Para los vehículos y sus conductores, la cosa no es tan sencilla. El título IV, con cuatro artículos, norma lo relativo a los conductores y la licencia de conducir. El título V, también con cuatro artículos, norma lo relativo a los vehículos. Los títulos VI, VII y VIII norman la vía pública, el seguro y las infracciones y sanciones, respectivamente. Estas normas son desarrolladas y detalladas en el Reglamento de Tránsito, Acuerdo Gubernativo número 273-98, en 197 artículos, organizados en seis títulos, disposiciones generales, vehículos, licencias, normas de comportamiento en la circulación, circulación de vehículos e infracción y sanciones, cada uno subdividido en capítulos.
Apostaría que la gran mayoría de conductores ignoran un cuerpo legal tan voluminoso, resultado de la bien conocida corrupción en el proceso de gestión de licencias de conducir. ¿Cuántas personas nos sometimos con honestidad al examen de conocimiento de la Ley de Tránsito y su Reglamento? O, quizá, preguntar, ¿cuántos pagaron un soborno para evitar esa prueba?
Parte de la proliferación de hechos de tránsito, lesiones y homicidios culposos, que en realidad no son accidentes, es resultado de la ignorancia y de esa idea equivocada que conducir un vehículo es un derecho ilimitado e irrestricto. Por supuesto, existen otras razones importantes, como la corrupción y la disfuncionalidad del sistema de transporte público de pasajeros, el estrés porque cada vez se sale más temprano y se llega más tarde, reduciendo el tiempo de descanso, entre otras relevantes.
Pero entender y aceptar que conducir un vehículo es un asunto de mucha responsabilidad y no un derecho ilimitado e irrestricto, sería un paso muy grande e importante.
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