En 1985 entró en vigor la Constitución Política de la República, promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente. En su contenido, la misma se propone superar al Estado terrorista y dictatorial que usó su poder para cometer genocidio.
Nuestra Constitución está inspirada en una vocación garantista para la defensa y protección de los derechos humanos. Entre estos, el derecho a elegir y ser electo o electa, es también de carácter universal. De allí que se otorgue al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la facultad de ser el ente rector como máxima instancia en materia de elecciones. Sin embargo, a raíz de la ambición obsesiva de Efraín Ríos Montt por ocupar la presidencia, pese a la prohibición constitucional, se abrió la puerta para que el sistema de justicia interviniera en las decisiones del TSE.
A partir de entonces, hasta la hija del genocida recurrió en amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con lo que selló la práctica de disminuir el rango constitucional del TSE y su calidad de ente supremo en materia electoral. Algo que se afianza con la cooptación de todo el sistema por parte de las redes de corrupción enquistadas en el estado y nutridas con el padrinazgo o financiamiento empresarial que procura impunidad.
Acelerado durante el gobierno de Jimmy Morales, el proceso se consolidó durante el actual régimen que preside Alejandro Giammattei. Este ha concentrado tal cuota de poder que ha sido capaz de detener el proceso eleccionario y evidenciado estar dispuesto a violentar la voluntad ciudadana en aras de mantener el control político. Mareado de poder y control sobre el proceso, ha estimulado las acciones del Ministerio Público (MP), manejado por su operadora de confianza, Consuelo Porras. Esta, a su vez, dirige las acciones de Rafael Curruchiche y ambos utilizan la ley penal como arma represiva y ofensiva contra la voluntad ciudadana.
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En su campaña contra personas operadoras de justicia que en protección del estado de derecho combatían la impunidad y la corrupción iniciaron la violación de la ley. Luego siguieron contra periodistas y expandieron la añeja represión contra personas defensoras de derechos humanos. Los sicarios judiciales apoltronados en la Fundación Contra el Terrorismo y las redes ilícitas que les alientan han sido también base fundamental para atentar contra la voluntad ciudadana.
Los procesos penales contra la fiscal Virginia Laparra o contra el periodista José Rubén Zamora, son una muestra de la capacidad de los asaltantes de la ley para inventar casos y montar parodias de proceso legal. Conforme alcanzaron pingües resultados con estos, convencidos de tener el control absoluto, no han tenido empacho en usar la Constitución y las leyes nacionales como papel de baño.
Si los procesos usados como represalia carecen de base legal, los procedimientos que usa Curruchiche con el amparo del mal llamado juez Fredy Orellana son caso de estudio de cómo no debe funcionar el estado de derecho. Jueces, fiscales, funcionarios, empresarios y políticos, que sostienen la idea perversa de pisotear la voluntad ciudadana en las urnas nos han llevado a un estado de ilegalidad.
Solo en ese entorno ha sido posible que la cabeza de la Fiscalía General ejerza como golpista y los llamados a proteger a la ciudadanía, como el Procurador de Derechos Humanos (PDH), sean más bien operadores de la ilegalidad. De allí que no podemos bajar la guardia y dejarles consolidar su proyecto golpista. Resistir para luchar, luchar para vencer, vencer para renacer. Ese es el desafío.
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