El desprecio de Alejandro Giammattei hacia los migrantes es cínico y ofensivo. Con razón no puede esperarse de él una respuesta humanitaria y coherente con la migración.
Un Estado democrático funcional, respetuoso de los derechos humanos, pero sobre todo, de la vida, se preocuparía por asegurarle trato respetuoso y asistencia humanitaria a toda persona que decide migrar. Independientemente de si se trata de connacionales de salida o deportados, o personas de otras nacionalidades que transitan por Guatemala con la intención de llegar a otro país, en nuestra realidad, generalmente a los Estados Unidos de América (EE.UU.).
Guatemala es signataria de numerosos y diversos instrumentos internacionales, en los que ha asumido la obligación de asegurar trato digno y asistencia humanitaria. En el país tienen oficinas el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyos mandatos y acciones están justamente dirigidas a apoyar los esfuerzos del Estado guatemalteco para proteger la vida, los derechos fundamentales y la integridad de las personas migrantes.
En el ámbito nacional, nuestro Código Migratorio, Decreto del Congreso de la República número 44-2016, en su primer artículo establece que «El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, por el cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme a la legislación nacional». En su artículo 10 establece además que «El Estado de Guatemala, sin discriminación alguna, tiene la obligación de proteger la integridad personal, la vida y la libertad de toda persona nacional o extranjera que se encuentre en el territorio nacional. Las instituciones del Estado no deberán exigir documentos de identificación o cualquier otro requisito, para brindar la protección requerida por una persona extranjera. En todo caso, se deberán utilizar los medios necesarios y disponibles para darle atención inmediata. Las personas tienen derecho a decidir libremente dónde establecerse dentro del territorio nacional».
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Este texto, ley nacional, contrasta dramáticamente con la actitud y lo dicho por el presidente Alejandro Giammattei recientemente en una entrevista en el programa televisado 24/7 de la cadena internacional Univisión, en la que alardeó de ser conocido como «el mata caravanas». Se ufanó además de que, desde que es presidente, ninguna caravana de migrantes ha logrado cruzar el territorio guatemalteco, por lo cual «México está muy agradecido con nosotros» y nuestra «política de cero tolerancia a los coyotajes». Recalcó, con un cinismo descomunal que, a su juicio, el asunto es un tema que debe verse desde un punto de vista legal, en cuanto a que las leyes y la política migratoria de los EEUU no es clara. Pero, ¿y la ley guatemalteca acaso no es ya suficientemente clara? ¿Le preocupa más al presidente guatemalteco lo que dicen las leyes estadounidenses de lo que ya dice el Código Migratorio guatemalteco?
Los textos legales citados son muy claros. Giammattei debería ser procesado judicialmente por autoproclamarse «el mata caravanas», simple y llanamente porque la ley que él en especial está obligado a cumplir, no le permite reprimir violentamente a las caravanas de migrantes. Al contrario, tal como se citó, le obliga a él y a todas las fuerzas de seguridad del Estado, a protegerlas y asistirlas. La forma violenta en que en enero de 2021 fueron reprimidas las caravanas de migrantes centroamericanos, especialmente hondureños, fue una violación flagrante por lo menos a los artículos 1 y 10 del Código Migratorio guatemalteco.
Pero ofende que, en vez de darle vergüenza por ser el principal responsable de esta ilegalidad y acto criminal, Giammattei desborda cinismo al alardear en la televisión internacional de ser conocido como «el mata caravanas».
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