Hace dos semanas, en este espacio me lancé a denunciar el vínculo espurio entre la compra masiva de diputados tránsfugas por parte del oficialista FCN-Nación y la opacidad del nombramiento de los gobernadores departamentales. De verdad quería que el presidente demostrara que yo estaba equivocado, que lo de los tránsfugas había sido una anomalía aislada en su partido político y que el nombramiento de los gobernadores acataría la demanda de la ciudadanía, esperanzada e ilusionada en romper el círculo vicioso y pútrido de la corrupción.
Pero no fue así. Para nuestra desgracia, Jimmy Morales nombró a los gobernadores con una falta de transparencia desafiante. ¿Por qué esperó hasta las 23:30 horas del jueves pasado para publicarlo? ¿Qué quería esconder actuando con nocturnidad y a escondidas, tal como lo hace un ladrón?
Y no solo fue la falta de transparencia, sino que ahora está demostrado que nombró a delincuentes en potencia. Abundan ya las notas de prensa en las que se denuncia que Morales nombró como gobernadores a financistas de campaña electoral de FCN-Nación, hijos de dirigentes de esa organización, excandidatos que no resultaron elegidos como diputados o alcaldes y personas con conflicto de interés por ser o haber sido recientemente contratistas del Estado. En particular encuentro inaceptable los nombramientos de la gobernadora de Petén, propuesta por el mismo diputado oficialista Édgar Ovalle, acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad; del gobernador de Retalhuleu, sobrino del mismo diputado Ovalle; de los gobernadores de Jutiapa y El Progreso, allegados a Avemilgua y a estructuras militares criminales; y del gobernador de Guatemala, sancionado en 2013 por violar la Ley de Contrataciones del Estado, solo por mencionar algunos de los más escandalosos.
Insisto en que todos deberíamos leer cuidadosamente el informe temático Financiamiento de la política en Guatemala, publicado por la Cicig. Esto, porque debe entenderse que los gobernadores nombrados presiden los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y con ello son quienes adjudicarán una buena parte de los contratos contemplados en el botín conocido como listado geográfico de obras. Es decir, estamos ante una muy bien aceitada y eficiente maquinaria de la vieja política en una de sus expresiones más agresivas.
Me resulta frustrante que, por un lado, escándalos como la compra de los diputados tránsfugas y el nombramiento de los gobernadores departamentales sean dos demostraciones descaradas de corrupción, y por otro, que la ciudadanía vuelva a su posición de masa tonta y tolerante de la corrupción, incapaz de levantar la voz ante el robo descarado. No fue esa la imagen que le mostramos al mundo el año pasado, pero sí la que estamos mostrando hoy.
Está terminando de articularse una nueva camarilla de corruptos que desde las gobernaciones departamentales y los Codedes, pero también desde otras entidades del Estado, perpetrará los robos de siempre. Aunque algunas voces ya empezaron a levantarse, ¿será necesario que se repitan escándalos como el de La Línea o el del agua mágica para limpiar el lago de Amatitlán para que la gran mayoría despierte del idilio de un presidente bonachón, ajeno a la vieja política, que con juras a la bandera y las bendiciones que profiere a diestra y siniestra cree que todo saldrá bien?
Es imperativo y urgente que el Gobierno sienta la presión de una ciudadanía despierta, activa y vigilante. Sin esta presión, los corruptos están invitados a vernos la cara de babosos e incluso a robar frente a nuestras narices.
El año pasado demostramos que no nos gusta que nos vean la cara de babosos. ¿Acaso este año sí nos gusta?
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