La alienación de la justicia

El sistema, ya controlado por la élite corrupta que ha asaltado la institucionalidad democrática, criminalizó a la fiscal que cumplió su papel. Al mismo tiempo, protegió y garantizó impunidad a Lester Castellanos, el juez denunciado. De hecho Castellanos resultó premiado al ser nombrado como titular de la Oficina nacional contra la tortura.

Y en este último elemento se encuentra uno de los hechos que evidencian la alienación casi total de la justicia. Virginia Laparra no solo es criminalizada por hacer su trabajo. También es sometida a condiciones de tratos crueles e inhumanos. Algo que la oficina a cargo de Castellanos está obligada a denunciar.

Otro caso es el relativo a la situación del quien fuera titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Lejos de que la jefatura del Ministerio Público (MP) facilitara al funcionario desarrollar su trabajo, se convirtió en el ente que lo saboteó. A tal extremo que, la entidad dirigida por María Consuelo Porras destituyó ilegalmente al jefe de la FECI e inició proceso en su contra, precisamente por hacer lo mismo que Laparra, cumplir con su deber.

Las represalias contra Sandoval las desató el caso relacionado con soborno a altos funcionarios, el presidente Alejandro Giammatte incluido, por parte de empresarios rusos vinculados a la mina CGN-Pronico. La investigación que conducía la FECI de Sandoval, buscaba identificar los hechos y las personas responsables de entregar y recibir una alfombra que contenía fajos de billetes de dólar que sumarían varios millones. Según el testimonio de quien presentó la denuncia, el dinero habría sido entregado en la residencia particular de Giammattei. Más de un año después de la destitución y exilio forzado de Juan Francisco Sandoval, el gobierno de Estados Unidos confirma el extremo del soborno realizado por la empresa. Es decir, plantea que la investigación estaba fundamentada en hechos innegables y que las maniobras de la jefa del MP solo favorecían la corrupción.

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Blanca Stalling fue elevada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el arreglo que, claramente confesó Roxana Baldetti. En su posición, Stalling intentó impedir la investigación de su hijo, vinculado a la corrupción en el seguro social, que tuvo como impacto la muerte de varias personas. Stalling ha sido librada de culpas, pese a la evidente responsabilidad y, para vergúenza del sistema, reinstalada como magistrada e indemnizada con el otorgamiento de los salarios de la magistratura.

La última semana de noviembre, de la mano de la jueza Claudette Domínguez llegó otro hecho anómalo en materia de justicia. En una racha de resoluciones pro impunidad, Dominguez liberó de cargos a Gustavo Alejos y Sandra Torres, en un caso que no requiere de mucho análisis para mostrar ue las pruebas son contundentes por el financiamiento ilegal a la Unión Nacional de la Esperanza (UNE). Domínguez también liberó a Estuardo Galdámez, quien se embolsó los millones de un hospital no construido en Ixcán. De igual forma favoreció al ex delfin del extinto Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi.

El broche de oro para la impunidad, por el momento, es la concesión de medidas de reclusión domiciliar, sustitutivas a la prisión preventiva, para Toribio Acevedo, otorgadas también por Domínguez. Acevedo fue jefe de seguridad de la empresa Cementos Progreso, antes Cementos Novella. Está ligado a proceso por su responsabilidad en la desaparición de personas incluidas en el caso del Diario Militar. Domínguez actuó en sustitución del juez Miguel Ángel Gálvez, quien condujo el caso en su primera fase y ligó a proceso a los sindicados.

Gálvez, por haber cumplido su función en este y otros casos de alto impacto en materia judicial, está exiliado y debió poner fin a su carrera judicial. Acevedo está acusado de graves violaciones a derechos humanos que configuran delitos de lesa humanidad, los cuales no admiten medida sustitutiva. Virginia Laparra está señalada, espuriamente, por delitos que no tienen ni por asomo la magnitud de los que habría cometido Acevedo. Sin embargo, a ella le niegan la medida sustitutiva.

Bien se ve que la justicia en Guatemala, en estos momentos es un sistema alienado por la corrupción y la impunidad. Los criminales son premiados y favorecidos, pese a que han cometido delitos que han costado vidas. En cambio a quienes han protegido el estado de derecho se les persigue, se cancela su carrera profesional y o se les encarcela o se les obliga al exilio.