Se sabe que grandes cantidades de dinero sucio se filtran a las campañas electorales, pero se hace muy poco o nada para prevenirlo e impedirlo.
Es el enorme elefante en la habitación. Todo mundo sabe de caudales de dinero ilícito que inundan las finanzas de los partidos políticos, especialmente ahora en las campañas electorales. Este financiamiento electoral ilícito es una de las amenazas más complejas y graves a la incipiente democracia guatemalteca.
La experiencia demuestra que las organizaciones criminales que canalizan y destinan dinero ilícito contaminando procesos electorales para capturar cuotas de poder, usan mecanismos muy diversos, cada vez más complejos, ingeniosos y creativos. Por algo estas historias de narcotraficantes y mafiosos son el deleite de muchas series televisivas, pero, por desgracia, nuestra realidad generalmente supera la ficción.
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Un mecanismo muy usado y bien conocido es un círculo vicioso y perverso entre procesos de adquisición pública y elecciones. Cuando un proveedor o contratista del Estado compra acceso privilegiado a contratos con el Estado, financiando la campaña de un político, a cambio de que, si gana, una vez en el poder, tome decisiones para granjearle esos beneficios ilícitos.
Este círculo vicioso entre adquisiciones públicas y elecciones no es la única forma en la que recursos públicos son malversados con fines político electorales. Son frecuentes los fraudes al servicio civil, cuando se contrata a correligionarios políticos, muchas veces sin las capacidades o la preparación que requiere un cargo público. En la inversión pública, alterando prioridades o la ubicación geográfica de obras, con el propósito de premiar distritos con la intención de elevar la preferencia o simpatía por el partido oficial.
Lo triste y trágico es que en la Guatemala actual son los narcotraficantes, traficantes de personas, lavadores de dinero y otros grupos delictivos los que se perfilan como los principales financistas políticos. El caso de Mario Estrada es quizá el más conocido, pero no es el único, el último, ni el peor. En realidad, se sabe muy poco de cuán profundo ha penetrado el dinero del crimen organizado al financiamiento político electoral, pero se percibe que quizá es ya la mayoría.
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Es muy difícil, e incluso peligroso, investigar y llevar a la justicia este tipo de financiamiento. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demostró que sí se puede investigar y judicializar, pero no es fácil discernir entre el dinero limpio y el sucio, y no es lo mismo un aporte con errores de documentación, que plata del narco. Pero no es imposible.
La denuncia ciudadana es fundamental y urgente. Si un candidato llega en helicóptero, tómele una foto a la matrícula de la aeronave y publíquela en redes sociales. Si un candidato parece estar usando fondos públicos, dígalo, tome fotos. Si hay narcos vinculados a una candidatura, a un partido, a una campaña, hay que decirlo, eso sí, con cuidado, mejor si es un esfuerzo comunitario o que lo diga su familiar o amistad en Estados Unidos. Si ellos son ingeniosos y creativos, seámoslo también nosotros.
Además, se están conformando varios y diversos esfuerzos independientes y legítimos de observación electoral. Infórmese y busque las instancias que tengan disposición y capacidad para recolectar este tipo de denuncias e informes.
Nadie de afuera va a recuperar a Guatemala. Quizá nos ayuden un poquito, pero lo tenemos que hacer nosotros, las y los guatemaltecos. Como ciudadanía hagamos nuestra parte. Cosas tan simples como tomarle una foto a la matrícula de un helicóptero o de un vehículo con placa oficial en un mitin político y difundirlo en redes sociales, aunque no lo crea, ayuda muchísimo.
Asumamos nuestra responsabilidad para darle una oportunidad a Guatemala.
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