El pacto sellado entre dos fracciones del sistema de la mafia de partidos políticos, el Partido Patriota (PP), de Pérez Molina y Baldetti, con el Partido Líder, de Manuel Baldizón, se repartieron las magistraturas de la CSJ. Estos partidos y sus aliados en el Congreso, tomaron control de las SA. Y, aunque el período para el cual fue electa la CSJ, concluyó hace 34 meses, Silvia Valdez y otros, hacen de las suyas en la administración de justitica.
Con ello, van de la mano de Consuelo Porras quien cuenta con la acción cómplice de Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y Cinthia Monterroso, en primer lugar, para usar el derecho penal como herramienta de venganza y represión.
El organismo ejecutivo, primero detentado por Jimmy Morales y ahora por Alejandro Giammattei, ha sido el espacio de control de los recursos del Estado. Mismos que sirven para comprar voluntades y engordar las bolsas personales, a costa de la vida y la seguridad de la ciudadanía. La trinca se completa con el Congreso, controlado por una mafia de mal llamados partidos políticos, que utilizan su poder para legalizar la dictadura.
Giammattei empleó a las fuerzas policiales como grupos de choque contra manifestantes en 2020. De allí ha sido el ejecutor de acciones de represión en los territorios, a la vez que ha robado hasta el último centavo que llega a sus manos.
Desde la entente que forman el MP, la CSJ y jueces corruptos como Freddy Orellana, amancebados con los personeros de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), se emplea el terror judicial. Lo mismo para criminalizar a operadoras y operadores de justicia como a personas defensoras de Derechos Humanos. Efervescente de soberbia, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez-Ruiz Valdez, no tiene empacho en amenazar a quienes osen comunicarse con el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. En tanto, Raúl Falla Ovalle, actual abogado de la FCT (el anterior está procesado por corrupto), pone el derecho al servicio de la corrupción y la impunidad.
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El cuadro lo completa el Congreso que utiliza sus funciones para legalizar la dictadura. La ley de ciberdelitos, aprobada esta semana, no protege del acoso que ejercen las redes que defienden la impunidad. En esencia, criminaliza el periodismo digital, la libertad de expresión y opinión, en particular aquella que cuestione la perversión de la política y la justicia. A dicha ley se añade la aprobación en primera lectura de la que falsamente habla de fortalecer a las fuerzas de seguridad. La norma en cuestión es un mamarracho legislativo que solo pretende garantizar impunidad a policía y ejército al cometer delitos contra personas manifestantes.
La dictadura de la corrupción y la impunidad avanza a pasos agigantados y, con el proceso electoral que se aproxima, busca entacucharse de legalidad. Con un Tribunal Supremo Electoral a su servicio, el pacto de la dictadura pretende eliminar de la contienda a toda expresión por mínima que sea, que represente disputa al control que ya ejercen.
Estamos con la dictadura tocando la puerta para entrar, instalarse y aplastar con la bota de la corrupción, el crimen y la impunidad, toda posibilidad de vida en Guatemala. De manera que, impedirle el ingreso, cerrarle el paso y derrotar esa intención, no depende de una persona o grupo. Depende más bien, de la disposición de recuperar el aliento, forjar las alianzas necesarias para revertir el asalto a la democracia y defender nuestro derecho a vivir en paz y con justicia social.
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