La enterradora

Bajo la conducción de al menos tres Fiscales Generales antes que ella, el MP llegó a ser la institución de mayor credibilidad en el país. El trabajo sostenido desde las diversas fiscalías logró una reducción histórica en la sempiterna tasa de impunidad acumulada en la gestion penal. El procesamiento penal de actores poderosos, incluido un presidente en funciones, generó entornos de profunda credibilidad ciudadana en el funcionamiento de la justicia. La utilización de herramientas como la Unidad de Métodos Especiales (UME), que operaba con base en estándares de calidad, permitió la sustentación de acusaciones de alto impacto. Los procesos de coordinación interfiscalía e inerinstitucionales implicaron una mejora sensible en el manejo de los casos. El MP brilló y mucho, durante un tiempo.

Sin embargo, esa luz se ha extinguido y lejos de brillar, hoy el MP se ha convertido en una herramienta de represión al mejor estilo contrainsurgente. Bajo la conducción perversa de Porras Argueta, los mejores logros del MP han sido sepultados bajo toneladas de acciones de corrupción, litigio malicioso y prevaricato.

Primero enfocó sus acciones hacia la Fiscalía Especíal Contra la Impunidad (FECI). Empezó por debilitarla y no fortalecerla. Para ello se negó a contratar al personal de la anterior Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que podría haber contribuido enormemente a mejorar las capacidades que ya tenía dicha unidad fiscal. Después se apresuró a generar condiciones que mermaran al personal de la FECI hasta forzar la salida de su titular, Juan Francisco Sandoval así como la de otros integrantes de la misma.

Posteriormente, asignó a un servidor de la corrupción, Rafael Curruchiche, como jefe de la entidad y le soltó la rienda para que persiguiera a sus propios colegas del MP. Ya apoltronado en la silla de titular, Curruchiche se ha dedicado a desbaratar uno a uno, los casos por enormes actos de corrupción que habían llevado a rendir cuentas y privación de libertad a ex funcionarios y políticos de alto nivel. Curruchiche, lejos de cumplir con la obligación constitucional de hacer cumplir la ley y perseguir el crimen, se ha dedicado a fungir como defensor oficioso de los delincuentes.

Las y los fiscales que integraron la FECI que brilló de la mano de Juan Francisco y Virginia Laparra, están fuera de la agencia fiscal, viendo cómo los casos que construyueron con tanta dedicación y esfuerzo son empujados a la fosa. Sandoval debió salir al exilio mientras Laparra sigue privada de libertad  y sometida a tortura, por acción de Porras Argueta y Curruchiche.

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Una vez estrangulada la FECI, Porras Argueta enfiló sus antenas hacia la Fiscalía de Derechos Humanos. Anteriormente había trasladado a su titular Hilda Pineda. Luego, justo el día del ejército, Porras Argueta oficializa la destitución de Pineda y otras fiscales más de la misma unidad y otras agencias del MP. Las fiscales despedidas habían consolidado una carrera fiscal y acumulado una experiencia valiosa en la procuración de casos de graves violaciones a derechos humanos, cometidas por militares durante el Conflicto Armado Interno. El mismo día que socavó la Fiscalía de DDHH, la jefa del MP tambiíen removió a varios elementos del personal administrativo.

Debilitada la persecución penal más emblemática como lo es el combate a la corrupción de cuello blanco y los graves crímenes contra la humanidad, cómo podemos esperar que haya respuesta ante la violencia que vivimos.

Mientras Porras Argueta se deleita destruyendo los avances en el MP, las alertas Alba Keneth e Isabel Claudina se multiplican, como se multiplican las muertes violentas como la de la pareja de payasos, Chispita y Charquito, que se ganaban la vida estimulando la sonrisa. Mientras las vidas nos son arrancadas día a día, la jefa del MP se dedica a sepultar lo poco que ha quedado de los logros que alcanzó la fiscalía. Más que funcionaria, al final de cuentas es la enterradora de la justicia.