Por supuesto que no se trata de (ni se pretende) que las organizaciones de la sociedad civil reemplacen a las entidades del Estado en sus atribuciones de enfrentar la corrupción y la impunidad. Por mandato constitucional y legal, entidades como el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas y las auditorías internas de cada entidad del sector público son las principales responsables de prevenir, investigar, detectar, denunciar y sancionar actos administrativos y delitos vinculados con la corrupción y la impunidad.
Entonces, si ya existen entidades estatales con esos mandatos y facultades legales, ¿tiene la sociedad civil organizada un rol que jugar en la lucha contra la corrupción y la impunidad? La respuesta es sí, pues los hechos son que, pese a la existencia de esas entidades, la corrupción continúa rampante y ofrecer impunidad a los corruptos y a otros criminales sigue siendo uno de los negocios más rentables en Guatemala.
Las organizaciones de la sociedad civil independientes y con altas capacidades técnicas y de acción legal resultan fundamentales en ambientes donde las entidades estatales han sido capturadas al punto de que son ejemplos de ineficacia y se han convertido en piezas claves de las estructuras de la corrupción. También tienen roles indispensables en la defensa de las escasas islas de efectividad cuando estas son objeto de ataques sistemáticos por parte de las mafias de la corrupción y de la impunidad, tal el caso actual de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP.
La historia de las dictaduras, independientemente de su ideología, desde la izquierda hasta la derecha, está plagada de abundantes ejemplos de cómo un régimen corrupto y abusivo se asegura de reprimir, y muchas veces de asesinar, a los dirigentes de la sociedad civil y a la prensa. Al déspota corrupto y autoritario siempre le resultarán molestas e incómodas las mentes y las voces independientes con capacidad de criticar con sustento técnico, plantear propuestas viables y presentar ante los tribunales denuncias legítimas y sustentadas. Cuando un dictador se consolida luego del desmantelamiento y la captura de las instituciones del Estado, este tipo de sociedad civil organizada es la última línea de conciencia y de dignidad para contener la ruina social y por ello suele ser blanco de la represión.
[frasepzp1]
Debemos tomar conciencia de que buena parte de Centroamérica está cayendo aceleradamente en este abismo. Nicaragua seguramente es el caso más grave de corrupción y de retroceso democrático, pero le siguen, cada vez más cerca, Guatemala, Honduras y El Salvador. El Ccinoc es un esfuerzo inicial de 12 organizaciones civiles de Guatemala, Honduras y El Salvador para asumir con responsabilidad su rol de contribuir a frenar la corrupción y la impunidad, que están destruyendo lo poco que se ha avanzado en la región.
Estas organizaciones coordinarán y sumarán esfuerzos para auditar socialmente las adquisiciones públicas, la ejecución de los presupuestos, la contratación de personal y la administración del servicio civil; denunciarán y litigarán casos de corrupción; informarán a niveles local, nacional, regional e internacional sobre los avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y capacitarán a otras organizaciones.
En reconocimiento a la necesidad urgente de estos esfuerzos, el lanzamiento del Ccinoc cuenta ya con un importante acompañamiento y respaldo internacional: apoyo que se torna indispensable cuando la sociedad civil independiente acciona legítimamente con análisis técnico y denuncia legal y sustentada, pero los Gobiernos responden con represión y violencia, sucumbiendo a la dictadura y al autoritarismo.
Más de este autor