El evento fraudulento se realizó en las instalaciones del Parque de la Industria, en donde también funciona el principal hospital de atención a pacientes de COVID-19, que implica afecciones al sistema respiratorio. Esto es digno de mencionar por cuanto el despliegue policial para protección del montaje de Mazariegos implicó el lanzamiento de gases lacrimógenos.
Según refiere la Dirección General de Servicios de Seguridad Privad (Digessp), a mayo del presente año hay 244 empresas de seguridad privada, registtradas. Un 29 % más que hace tres años cuando se registraban 189. Ni entonces ni ahora aparece una empresa que responda al nombre consignado en el tuit de la PNC. Es decir, legalmente no hay una empresa de seguridad privada que lleve ese nombre.
Es preocupante que la PNC, lejos de ejercer control sobre quienes se hacen llamar agentes de seguridad privada, se desentienda de su obligación de proteger a la ciudadanía de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), como el que obviamente estaba el 14 en el Parque de la Industria. Y esta acción deficiente de la policía es ni más ni menos que resultado del control que este ámbito empresarial, es decir la seguridad como negocio, ejerce en Guatemala.
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No olvidemos que en varios casos, como en el del asesinato de Patricia Samayoa en julio de 2014, han sido guardias de seguridad privada los responsables. De manera que, no es posible aceptar simplemente que la PNC se limite a decir que actúa en conjunto con una policía de seguridad privada, que ni siquiera tiene licencia para funcionar. Pero, cabe destacar que los intereses detrás del funcionamiento de estas empresas son muy grandes. En su mayoría, si no en su totalidad, son negociois de militares retirados que nada saben de seguridad ciudadana. Son compañías que buscan una actividad lucrativa que, si prestan servicios al Estado podrían obtener ingresos millonarios, tal y como lo reveló el reportaje de de Plaza Pública, en 2019.
La Usac no es ajena a ese uso de empresas de seguridad privada. Mensualmente, desde la dirección de administración de la rectoría de la entidad estatal, se licita por el mecanismo de compra directa el servicio de guardias de seguridad privada. En el presente año y al menos en tres años anteriores, la compra se le ha adjudicado a una empresa cuya sede está en el municipio de Mixco.
No hay información de si quienes se identificaron como agentes de la empresa Toledo, en realidad hacen parte del servicio pagado con fondos de rectoría o, si se trata de otro tipo de servicio que, en calidad de «agentes encubiertos», es también proveído por algunas empresas de seguridad privada.
Lo cierto es que la máxima autoridad de la Usac, el Consejo Superior Universitario (CSU), recurrió a un Ciacs. El mismo fue ubicado en un espacio ajeno al campus universitario, en las inmediaciones de un hospital. Todo, para impedir el acceso de personas que legítimamente reclaman una elección de rector con transparencia.
Y, más allá de la situación misma del acto fraudulento, queda al descubierto el uso de Ciacs por parte de la que debiera ser la expresión de la academia. Pero, además, es altamente vergonzoso que habiendo sido la Usac una institución que recibió el embate de la represión y los Ciacs durante la contrainsurgencia, recurra a estos para proteger un fraude. En todo caso es una gran afrenta a la memoria de los miles de mártires entre docentes, estudiantes y personal de la Usac cuyas vidas fueron arrebatadas por la actuación de Ciacs.
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