Las hidroelécticas en cuestión forman parte de un conjunto de inversiones en un entramado de empresas que incluye a Energy Resources Capital Corp (ERCC), al grupo español Cobra que se relaciona con los proyectos Renace de la Corporación Multi Inversiones, así como la empresa israelita Solel Boneh. La capacidad de cabildeo e influencia de dichas empresas les ha facilitado que el sistema de justicia en Alta Verapaz, funcione para criminalizar a Bernardo Caal. Tal y como han hecho antes con otras y otros defensores de derechos humanos que pagan con su libertad la osadía de defender la vida, usan su poder para encerrar a quien adversa su actividad depredadora.
En estricto cumplimiento de su función comunitaria, Bernardo Caal Xol denunció el incumplimiento de las normas que obligan a la consulta antes de la instalación de proyectos que impactan a los pueblos que habitan los territorios involucrados. Él fue electo, junto con otros líderes, por las 56 comunidades de Santa María Cahabón. Se les comisionó para que denunciaran las irregularidades y posibles violaciones de derechos humanos asociadas al proyecto. Como respuesta ante una decisión soberana de las comunidades, se desarrolló una campaña de desprestigio, estigmatización y difamación contra Bernardo y los líderes designados. A esto se sumaron acciones de criminalización judicial –uso indebido del derecho penal–, con acusaciones por delitos que no admitían medida sustitutiva.
La acusación espuria le sindica por presuntos hechos de violencia ocurridos el 15 de octubre de 2015, cuando el profesor Caal se había reunido con las comunidades de la zona. Por esa denuncia, Bernardo fue capturado el 30 de enero de 2018, fecha desde la cual está privado de libertad en la cárcel de Cobán. En noviembre del mismo año el tribunal de Alta Verapaz le sentenció a una pena de siete años y cuatro meses, acusado de robo agravado y detención ilegal con agravantes. Pese a la apelación a la sentencia, la misma fue ratificada dos años después y un nuevo pedido se encuentra todavía en revisión de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyas autorías en favor de la impunidad de los podereosos y la criminalización de las y los defensores de la vida es ampliamente conocida.
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El profesor Bernardo ha pasado su 50 cumpleaños privado de libertad, pese al reclamo que más de 28 mil firmas respaldan pidiendo su libertad en una carta enviada a los tribunales. En estos cuatro años de prisión de la persona física de Bernardo, su dignidad y su lucha se han sostenido y acrecentado. Su voz está presente desde el encierro con notas manuscritas que llaman a no ceder en la búsqueda de justicia y en la protección de la vida.
Sin embargo, su encierro es arbitrario, ilegal e injusto. El sistema que marca la exclusión de millones de personas, que usa el poder concentrado en unos pocos para cercenar oportunidades a la mayoría, se ensaña contra Bernardo por ser la voz de los sin voz. Busca quebrantarle, busca dar una lección de castigo al mejor estilo del esclavismo racista colonial, para que nadie más se atreva a desafiarlo.
Pero, contrario a lo que pretende y pese a su momentánea fortaleza, el sistema depredador está condenado a desaparecer y dar paso a la primavera. En su agonía, se ha robado más de 1400 días de la vida de Bernardo al encerrarlo en la prisión. Así como se roba los ríos y los bosques, así como se roba el futuro de niñez y juventud, así como se roba la vida de las comunidades, así como se roba la esperanza de un mejor destino, se roba la vida de un profesor q’eqchi’ dedicado a servir a su pueblo y sus comunidades. Bernardo merece estar libre y quienes le han encerrado deben responder por su crimen: robar la vida en el río Cahabón y usar su poder perverso para conseguirlo.
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