Las cuatro víctimas eran miembros del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ) y laboraban como mozos en una finca de la costa sur. Originarios de Quiché, se asociaron para impulsar el final del reclutamiento forzado para los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC), anteriormente conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Esa participación fue motivo para que una noche de abril de 1989 el Ejército llegara hasta las galeras donde pernoctaban y en ropa interior y a rastras sacara de estas a Ruiz, Pérez y Pu. Mateo se aseguró de hacer llegar la denuncia. Pocos días después él también fue secuestrado. Desde esa fecha el paradero de los cuatro es desconocido. Los hijos y las hijas de todos quedaron en la orfandad y sin poder defenderse.
Hoy, 27 años después de los hechos, el hijo de Nicolás Mateo, un niño de menos de diez años cuando sucedieron los hechos, un padre de familia hoy en día, narró a los comisionados la tragedia que vivió. Contó cómo vive aún el trauma de la ausencia y pidió que se le entregara al menos un dato sobre el paradero de su padre. «Un huesito aunque sea, para enterrarlo», dijo con llanto entrecortado.
De la desaparición en 1989, la responsabilidad corresponde al estamento armado, por cuanto fueron elementos de este quienes secuestraron a los cuatro hombres. Sin embargo, hay otra culpa que ahora sale a luz. En el marco de la norma que dio vida al Procedimiento de Averiguación Especial, se encargó a la instancia del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) la investigación del caso. Una tarea delegada por los tribunales durante la administración de Sergio Morales, quien estuvo durante dos períodos, es decir diez años, al frente de la institución.
Durante esos años la investigación a cargo de la oficina que dirigía Morales no avanzó y representó un nuevo proceso de desaparición: la desaparición judicial que hizo de este un proceso no culminado. Ahora, ante la inacción de una oficina cuya tarea durante la gestión de Sergio Morales, en especial durante su segundo período de labores, fue prácticamente nula en materia de averiguación especial, el caso cobra actualidad ante la CIDH.
A las falencias cometidas durante su vida como procurador de los derechos humanos, el ahora curiosamente activo en el tema, Sergio Morales, debe sumar la deuda con Pérez Lucas, Ruiz, Mateo y Pu Chivalán, así como con sus familias y, por supuesto, con la sociedad. Los salarios devengados por ese funcionario y su equipo los justificaban en función de las tareas que supuestamente desempeñaban.
No fueron dos ni tres centavos los que se embolsó durante el tiempo que ejerció la conducción de la oficina del PDH. De hecho, él y su equipo cercano se recetaron indemnizaciones y pagos de vacaciones acumuladas hasta por diez años, cuando, como se ve en este caso, no cumplieron las tareas básicas encomendadas en razón de su nombramiento.
Pretender ahora resurgir como adalid de derechos que no se defendieron ni protegieron mientras estuvo al frente de la oficina comisionada por el Congreso es una expresión de cinismo. Haber dejado en el olvido la averiguación de los hechos en torno al caso en discusión es una crueldad para con las familias y una muestra de absoluta indiferencia hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La deuda de Sergio no se paga con protagonismos nuevos, sino con la única sanción posible ante su trayectoria. Esto es, el ostracismo político.
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