La lista Engel menciona importantes personajes ligados con los negocios públicos de la infraestructura e inversión. Se mencionan explícitamente los nombres de Axel Samayoa, con negocios en los puertos; Ramiro López, de los asfaltos y petróleos; y Ramón Campollo y Christian Lehnhoff, de la energía. Además, luminarias tecnocráticas como Omar Barrios, presidente de la Comisión Portuaria; Edgar Navarro, directivo del Mercado Mayorista de la electricidad; y Melvin Quijivix, presidente del INDE.
Veamos qué pasa en los negocios del subsector eléctrico, la idea de modernizarlo fue sencilla: primero, «descremar» al INDE. Este descremado condujo a la esfera privada a quedarse con las áreas de mayor ganancia y dejarle al sector público lo más costoso y los subsidios para los hogares pobres, siendo entonces que el tema de la electrificación rural avanza lentamente.
La descremada también implicó la distribución eléctrica. Ello llevó a la muy recordada privatización y venta de la Empresa Eléctrica de Guatemala, y su entrega a grupos de capital español, primeramente, para terminar en inversión colombiana, paradójicamente de una empresa mixta de carácter público municipal, tal y como es la Empresa Pública de Medellín (EPM).
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Así, en la generación de energía los azucareros fueron los más avispados y pidieron a papá Estado incentivos para generar del bagazo de caña. Ello les permitió lograr su balance energético, y luego extendieron las posibilidades a una generación pa’ todo el año (como dice la canción). Para ello acudieron al diesel y luego al carbón. Hoy son parte del selecto Club del mercado mayorista de electricidad, una especie del CENMA de ahí por la Aguilar Batres, solo que en vez de verduras vende el, poco visible, fluido eléctrico.
El subsector ha venido moviéndose bajo patrones poco amigables al medio ambiente, y pareciera ser que parte de las disputas y acusaciones, estas últimas relacionadas con la Lista Engel, están alrededor de una reconversión más amigable, con sus costos correspondientes y su traslado a nosotros los mortales.
También está la eterna disputa del cambio de lo viejo por lo nuevo. Por algo, uno de los eslabones perdidos tiene que ver con el aprovechamiento personal y las corruptelas de una inversión amigable al cambio climático, como lo es un proyecto de gas natural a ser implementado por el INDE, proyecto que no es avalado por el CACIF. Al igual que con la crisis pandémica –en donde privó el lucro para un grupo selecto de boticas– pareciera ser que en tal inversión hay gato encerrado vinculado a quienes manejaron el Centro de Gobierno.
La Ley General de Electricidad –aprobada en 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú– crea así entes desconcentrados con altos intereses en juego, cuantiosas inversiones y un cúmulo de permisos y regulaciones –la mayoría muy débiles, por cierto– orientadas al mercado.
Una de las instituciones desconcentradas de gran poder al día de hoy es el denominado Administrador del Mercado Mayorista, manejado por los potentados del pollo, el azúcar y otros capitalistas agroindustriales que, primeramente, buscan su balance energético y ahorros en la interconexión en sus empresas y luego vendernos a nosotros, los mortales.
Recordemos que se trata de mercados interconectados, en donde los fantasmas están en temas como el seguir haciendo negocios en el mercado interconectado centroamericano, o bien relacionarse más con los mexicanos. Las malas lenguas bien dicen que los líos y diferendos rondan, en parte, por esos entuertos.
En reciente entrevista a Rosa María Bolaños de Prensa Libre (21 de julio) Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del Administrador del Mercado mayorista de energía de Guatemala y señalado en la Lista Engel, dijo algo interesante de la discusión que priva en el sector: «No me opongo a la generación con recursos renovables y eficientes, pero no acepto que se trasladen a los usuarios todos los costos de energías variables, como la solar y la eólica, porque esos costos deben pagarlos el inversionista».
La lista Engel acusa Navarro Castro de estar involucrado en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y coimas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
Parece que las ya obsoletas formas autonómicas, como las que se manejan en la Comisión Portuaria, el Administrador del Mercado Mayorista y el propio INDE, están urgiendo una reforma profunda. Recordemos que también urge la reforma del Estado.
El INDE es una muestra de lo patológico que resulta el poder corporativo, que es el alma de la descentralización chapina: el representante del CACIF en el INDE es Juan José Porras, exdiputado de VIVA y señalado por CICIG de la supeditación del Legislativo al Ejecutivo en la aprobación del Decreto 12-2014, Ley de Control de Telecomunicaciones y Fortalecimiento de la Infraestructura de Dato.
Además, los designados a la Junta Directiva del INDE por parte de los sindicatos son Samuel Nenroth Hernandez y Walter Pérez Castellanos. El primero ha sido capturado dos veces por corrupción y es parte de la entente sindicalista dominada por Joviel Acevedo, la que también tiene alta injerencia en la silla sindical del IGSS.
Con tales personajes sí que uno concluye: algo por aquí huele a podrido ¡como en la Dinamarca de Hamlet!
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