Jordán Rodas condujo a la institución que tiene mandato constitucional de velar por el respeto a los Derechos Humanos, en un período de extrema turbulencia y situación adversa. Su ejercicio del cargo con apego al mandato, le ha representado ser el centro de las campañas de difamación y acoso. Estas han llegado principalmente desde grupos y sectores comprometidos con la corrupción, la violación a derechos humanos y la impunidad.
El acompañamiento en el acceso a la justicia a las víctimas, familiares y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, ha sido parte fundamental de la actuación. Pero no el único. La PDH también ha intervenido en defensa de derechos llamados difusos, como el derecho al agua o contra la acción perversa de proveedores de energía eléctrica.
Más allá de los contenidos de la campaña de difamación y contra los derechos humanos, Jordán Rodas puede saberse profundamente satisfecho de haber cumplido la misión para la que fue designado. Que su legado no lo empaña ni la diatriba ni el odio de quienes hacen apología anti derechos o promueven la impunidad y la corrupción.
Entre tanto, al recién electo Alejandro Córdova, le queda alta la vara que dejan sus predecesores. Córdova recibirá una PDH que ha incrementado las defensorías para cubrir una amplia gama de derechos a proteger y que son vulnerados. Para mantenerla o, de ser posible, elevarla, tiene por delante enormes desafíos.
El primero y más importante es poner en evidencia que los vínculos o lazos que lo ligan con determinados personajes no son la razón de ser de su mandato. Así, por ejemplo, deberá demostrar que no es subordinado del gobernante Alejandro Giammattei y que no lo encadena su relación previa durante la gestión en el sistema penitenciario. De igual forma deberá dejar en claro que si bien en el pasado se vinculó con Arnoldo Noriega, siniestro personaje ex convicto por violación y eterno asesor en la presidencia, ahora no tiene lazo alguno con él. Así mismo que no tiene lazos con Jorge Mario García (Gílligan) y quienes apoyaron al grupo de mafiosos que asaltó la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) en el 2000.
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El PDH que asumirá en agosto, tiene por delante no solo limpiar su entorno de sospechas de vínculos tenebrosos. También tiene el desafío de garantizar la protección de los Derechos Humanos en un momento crucial para el país. Guatemala está sumida en la vorágine de la crisis de institucionalidad democrática provocada por la alianza criminal. Misma que la tomó por asalto en una variante de golpe de estado por la vía de la concertación y concentración del poder.
Alejandro Córdova tiene ante sí un mandato constitucional que le obliga a la defensa de los derechos humanos y no a su menoscabo. Está obligado a velar porque ningún funcionario, cualquiera que sea su categoría, atente contra libertades y garantías universalmente reconocidas y garantizadas. Está en la obligación de ser garante, vigilante y denunciante.
Alejandro Córdova, por ningún motivo puede cerrar los ojos o desviar la mirada ante la situación que se vive. No puede mantener silencio ante las agresiones a quienes defienden derechos humanos. No puede taparse los oídos ante las denuncias por violaciones a derechos. No puede ser comparsa de la alianza criminal.
No tiene por qué conceder favores ni pagar con plaza alguna el voto en el Congreso. Tampoco debe erosionar la institucionalidad en la PDH sino avanzar en su fortalecimiento. La muestra de independencia real habrá de darla al marcarle los puntos a la misma Comisión de DDHH del Congreso, que estando en manos de un negacionista de los mismos, busca reducir el alcance del mandato de la PDH.
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