Luces y sombras de la crisis actual

La crisis política que vivimos en la actualidad es, quizá, la peor que hemos padecido desde 1985, cuando se inició la transición democrática, al punto que estamos presenciando, probablemente, un parteaguas en el desarrollo de nuestro país. Esta crisis es equivalente a la que vivimos en 1954, cuando fue truncada la revolución democrática con el derrocamiento de Jacobo Árbenz, acontecimiento que tuvo consecuencias nefastas para la sociedad guatemalteca, pues nos condenó a mantener el modelo autoritario, excluyente y altamente polarizado que aún caracteriza a nuestra sociedad. El paralelismo, por lo tanto, no es casual: ahora estamos a las puertas de la llegada de un heredero de aquella revolución democrática, ya que el candidato del partido Semilla es el hijo del que se ha considerado por siempre como el mejor presidente de Guatemala.

Desde que se supo que Bernardo Arévalo pasaba a segunda vuelta, las probabilidades de que fuera el presidente electo eran muy altas, considerando que se enfrentaba a la candidata con mayor rechazo ciudadano de la era democrática: Sandra Torres, quien llevaba dos elecciones perdidas al hilo contra candidatos que antes eran considerados irrelevantes, por lo que la idea era que prácticamente cualquier oponente se alzaría con el triunfo. Justo por ello, apenas una semana después empezó el asedio político que hemos presenciado desde entonces, comandado desde el inexpugnable Ministerio Público (MP), una institución que había sido blindada en tiempos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

Desde entonces se han realizado numerosos episodios en los que se ha demostrado la acción irrefrenable del juez Orellana y del fiscal Curruchiche, ambos amparados en un discurso legalista y de cumplimiento de la ley que ya se sabe, aun cuando todos los análisis jurídicos y políticos más serios demuestran la perversa intención de impedir que Bernardo Arévalo asuma su cargo. La pregunta que rondaba en mi cabeza desde entonces era por qué la acción del MP golpeaba, amenazaba y se retiraba sin, aparentemente, avanzar en ese objetivo político de alterar la transición, especialmente porque todos los demás actores jurídicos y políticos han asumido una actitud ambivalente, la de estar silenciosos la mayor parte del tiempo y, cuando les ha correspondido actuar, han emitido resoluciones que a la vez protegen, aparentemente, la transición política, pero que también alientan la acción impune del MP, con lo cual dejan intacta la crisis.

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El último acto de provocación del MP fue el allanamiento con exceso de fuerza y brutalidad del Tribunal Supremo Electoral, en una supuesta acción para continuar con el argumento que se había fraguado un fraude en los distritos centrales del país, justo donde Arévalo tiene su bastión electoral. La reacción ciudadana fue el paro indefinido: una movilización y articulación sin precedentes que ha paralizado al país desde hace ya dos semanas. Lo asombroso de tal acción es que jamás habíamos presenciado tal fervor cívico y tal conciencia ciudadana. Los reportes periodísticos y las imágenes y videos compartidos en redes sociales nos hablan de una fiesta cívica, articulada en la demanda nunca antes vista por la renuncia de estos personajes que se han vuelto los enemigos públicos número uno. Indudablemente, estas manifestaciones ciudadanas, comandadas por las autoridades ancestrales indígenas y los pueblos originarios, serán recordadas como un ejemplo de dignidad y de conciencia ciudadana que, en cierta forma, hay que celebrar y valorar.

Lamentablemente, el escenario no puede ser más sombrío y amenazante: el hecho de que las manifestaciones se hayan convocado como «indefinidas» no hace más que exacerbar las posiciones encontradas, con el agravante que cuando se polarizan las situaciones, obligan a los actores moderados a tomar partido por uno de los bandos. Y las señales demuestran que los apoyos de la derecha moderada que se habían logrado articular en torno a Arévalo, se están perdiendo, ante el avance de actores como los pueblos indígenas, que indudablemente despiertan el temor del avance del comunismo en Guatemala. La tendencia de que las manifestaciones desemboquen en acciones de violencia, como el incidente de manifestantes persiguiendo a la pareja sentimental del actual mandatario, solo demuestran la creciente tensión que en cualquier momento devenga en una violencia que justifique medidas de represión de las fuerzas de seguridad, sin olvidar que el MP aún puede accionar inventando cargos penales en contra del binomio presidencial electo, tal como ya se ha sugerido.

El tiempo y la correlación de fuerzas institucionales no está a favor de quienes convocaron el paro indefinido, por lo que continuar en este camino, probablemente nos llevará a una dolorosa derrota. Es tiempo de rearticular las fuerzas y estrategias democráticas, porque lo peor aún está por venir.