En noviembre de 2020, la Policía Nacional Civil (PNC) reprimió brutalmente a las personas manifestantes que rechazaban la aprobación fraudulenta del presupuesto de la nación. En esas acciones, agentes de la PNC golpearon hasta sangrar al fotoreportero Carlos Sebastián y agredieron a otras comunicadoras.
La criminalización también ha sido un arma utilizada por las autoridades contra el ejercicio de la labor periodística. La madre y la hermana de Miguel Martínez, protegido del mandatario, acusaron de violencia contra la mujer a los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa. Ambos reporteros han publicado varias investigaciones sobre el sorpresivo y veloz enriquecimiento de Martínez y su familia, así como de los hijos de Giammattei. Los mismos reporteros también fueron denunciados por la ex vocera del organismo legislativo quien, al igual que la familia de Martínez, utilizó la Ley de Femicidio para impedir la labor periodística. La misma ley fue esgrimida por Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa. Bosch Ochoa accionó contra José Rubén Zamora y Gerson Ortiz del matutino, ElPeriódico, luego de que se difundiera información sobre su contrato en el Tribunal Supremo Electoral.
Este año, periodistas que cubrían la agresión policial contra estudiantes universitarios, así como quienes cubrían accidentes o diversas movilizaciones, han sufrido agresión por parte de agentes de la PNC y soldados del ejército de Guatemala.En años anteriores, profesionales del periodismo comunitario también han enfrentado represión. Destacan los casos de Carlos Ernesto Choc en Izabal, así como de Anastasia Mejía, en Joyabaj o Santiago Boton en Alta Verapaz, entre muchos casos en todo el país.
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El allanamiento de la residencia de José Rubén Zamora, así como de las oficinas y talleres de ElPeriódico, es un hecho grave por la magnitud de la acción represiva que utiliza indebidamente el derecho penal como arma de censura. Pese a las falaces declaraciones del fiscal jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ha sido más que obvia la intención de acallar el medio.
Solo así se explica el secuestro de personal de ElPeriódico y los tratos crueles e inhumanos que vivieron como negación de alimentos y comunicación, entre otras acciones, durante el tiempo de encierro. De igual forma, el embargo de las cuentas bancarias del periódico solo se explica en la lógica de ahogar a un medio que ha sido crítico de la corrupción y ha investigado sus raíces y sus redes. La violencia de la fiscal Cintia Monterroso, de dudosas referencias, contra la familia y Zamora Marroquín durante el allanamiento, es otra muestra de la intencionalidad de castigar las voces críticas.
El ejercicio del periodismo en Guatemala no ha sido miel sobre hojuelas. Se cuentan por decenas quienes pagaron con su vida la defensa de la verdad. Son muchos los medios que han cerrado ante las acciones de censura de diversa naturaleza. Decenas de gobiernos militares y civiles, también se han sucedido a lo largo de las décadas. Y sin embargo, el periodismo sigue aquí. Nuevas generaciones de profesionales de la prensa toman la batuta. Ya sea en la poca prensa impresa que aún sobrevive, las publicaciones digitales, de radio o televisión, así como las novedosas producciones en podcast, hay prensa independiente para largo.
Habremos de dar la batalla por el derecho de las y los periodistas de ElPeriódico a realizar su labor. Habremos de dar la batalla porque todas las personas que ejercen el periodismo en Guatemala puedan llevar a cabo su trabajo sin tropiezos ni agresiones. Habremos de mantener la voz en alto porque a pesar de la difamación, a pesar de la cárcel y el cerco, NO NOS CALLARÁN.
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