Esta semana se cumplieron ocho años desde que la indignación ciudadana expresó su repudio por la corrupción del gobierno del mal llamado Partido Patriota (PP). También se cumplieron cinco años de las masivas movilizaciones en Nicaragua, en rechazo a disposiciones arbitrarias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En Guatemala, durante algunos años avanzaron procesos penales contra las cabezas visibles de la estructura de la corrupción y la impunidad. Sin embargo, el huevo de la serpiente anidadaba en quienes silenciosamente se preparaban para asaltar el sistema de justicia. Luego de expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los sicarios de la corrupción alzaron sus lanzas contra toda expresión de independencia en el sistema de justicia. Con paso presuroso han buscado destruir la institucionalidad democrática y anulado la independencia judicial.
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En Nicaragua, el gobierno Ortega-Murillo destruyó aceleradamente los andamios del esquema democrático y, como sucedió en Guatemala, cercenó la independencia judicial. El derecho penal como arma de castigo se enarboló contra personas defensoras de derechos humanos, opositoras políticas y periodistas. Nicaragua pasó de ser un estado democrático a una gigantesca prisión en la que las libertades y garantías quedaban anuladas.
Con base en leyes draconianas contra la organización social, el gobierno Ortega-Murillo ha cancelado a más de 3,000 organizaciones no gubernamentales, 12 universidades, más de 15 medios de comunicación y organizaciones internacionales. Con la anulación de la personería jurídica a todas las entidades también ha llegado la confiscasión de sus bienes.
El nueve de febrero, 222 personas privadas de libertad fueron expulsadas de Nicaragua y enviadas a Estados Unidos. A todas ellas el gobierno les canceló la ciudadanía luego de modificar irregularmente la Constitución política. Otras 93 personas, principalmente defensoras de derechos humanos, fueron despojadas de la ciudadanía. Así, en menos de dos semanas, 315 personas sufrían la apatridia como represalia por ejercer derechos y levantar la voz ante las arbitrariedades.
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Al día de hoy, más de 40 personas operadoras de justicia en Guatemala están exiliadas. Casi igual número de periodistas han debido abandonar el país. En tanto, se ha privado ilegalmente de libertad a las ex fiscales Virginia Laparra y Samari Gómez, así como al periodista José Rubén Zamora, de ElPeriódico. Medio que ha sido perseguido a tal grado que solo puede circular virtualmente ante el cierre de los espacios de financiación.
La instancia de persecución penal en Guatemala, que desde 2010 brilló por su calidad y eficiencia, hoy día apesta cual cloaca rellena de podredumbre. De la instancia nacional con mayor prestigio y respaldo ciudadano se ha convertido en instrumento del crimen, la corrupción y la impunidad. Sus facultades son empleadas para criminalizar a personas defensoras, perseguir disidencias, cancelar oposición política y favorecer criminales.
Las familias de Guatemala y Nicaragua sufren la ausencia de seres queridos y la persecución de quienes defienden derechos. Y, aún así, a pesar de la amargura, la esperanza en ambos países, lejos de morir, renace. Ambos pueblos han sido aguerridos en sus luchas contra las tiranías de diversa calaña. Más temprano que tarde, los telones de la corrupción, la impunidad, el crimen y el autoritarismo, serán arrancados por la fuerza de la resistencia social y ciudadana.
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