Una estimación adecuada del costo fiscal puede distinguir entre una oferta política seria y otra demagógica o populista.
Un aspecto indispensable para rescatar nuestra incipiente democracia de la caída en picada a la que pareciera que está condenada, es elevar el nivel del debate durante los procesos electorales. La ciudadanía debe recuperar un rol activo frente a la clase política, emprendiendo una lucha para erradicar la demagogia y el engaño sistemático al electorado.
No es una tarea fácil ni sencilla. Generalmente las habilidades de oratoria, el carisma y otras cualidades de los políticos parecen funcionar de manera muy efectiva para engañar al electorado. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha diseñado y puesto en práctica algunas herramientas que coadyuvan a identificar propuestas demagógicas, diferenciándolas de las serias y que merecen ser escuchadas y analizadas por el electorado. Se trata de pruebas o preguntas que es sencillo responder. Por ejemplo, para la típica promesa electoral para otorgar un subsidio, incrementar el número de agentes de policía en una zona afectada por el crimen, regalar medicamentos o construir una carretera, una primera pregunta básica es ¿se plantean metas o indicadores de cumplimiento para lo que se promete?
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Cuando se establecen metas o medios de verificación, quien hace la propuesta introduce un grado de seriedad y credibilidad, porque de manera anticipada está sometiéndose a la supervisión y escrutinio ciudadano. Por supuesto, no es una garantía de cumplimiento, pero por lo menos constituye un indicio de mayor seriedad que cuando no se establecen metas. Una segunda pregunta es ¿se estimó el costo fiscal de cumplirlo? Este es un elemento fundamental, ya que la propuesta se aleja de ejercicios de creatividad u ofertas muy atractivas y deseables, pero que son excesivamente costosas, a todas luces excediendo la capacidad fiscal de un país.
Suponiendo que se ha estimado el costo fiscal, una pregunta sucesiva sería ¿se estableció si el cumplimiento de la promesa requerirá gasto público adicional? En caso se proponga que no implicará gasto público adicional, tratándose de acciones nuevas, ¿se especificó qué rubros de gasto existentes serían eliminados, y reemplazados por lo que se propone? En caso sí implique gasto público adicional, entonces cabe preguntar ¿se especificó la fuente de financiamiento para este gasto adicional? Y acá, las respuestas básicamente son sólo dos, ingresos corrientes adicionales, principalmente impuestos, o deuda pública.
El análisis puede profundizarse más, ya que, si se trata de financiar el gasto adicional con impuestos, ¿directos o indirectos? ¿Se espera incrementar la recaudación de impuestos vía medidas administrativas y reducir la evasión y el incumplimiento, o se impulsará una reforma tributaria que incluya medidas de política como incrementar tasas o suprimir exenciones? Si se va a financiar con deuda pública, ¿interna o externa? ¿Préstamos con instituciones financieras internacionales, o deuda bonificada colocada en la banca privada y los mercados de capitales?
Una de las inconsistencias comunes que más acercan a propuestas de planes de gobierno a la demagogia es, por un lado, ofrecer grandes acciones y beneficios que inevitablemente incrementarán el gasto público, pero simultáneamente, por otro lado, ofrecer rebajar los impuestos y generosos privilegios fiscales. El analista cuidadoso puede advertir que, a menos que se contemple un incremento en el endeudamiento público, no se estaría financiado el crecimiento en el déficit fiscal resultante de más gastos con menos ingresos. Simple aritmética aplicada al discurso y las promesas de los políticos en campaña.
La historia ha demostrado que los electorados aprenden. Por lo que, si estos ejercicios se hicieran más seguido y por más personas, ciertamente constituirían una contribución más efectiva para mejorar la calidad de nuestras democracias, con menos demagogia.
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