Y no solo se trata del afán de los legisladores de negociar plazas para su clientela o sus parientes, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Hay también otros detalles. Por ejemplo, la figura del procurador, cuando el procurador tiene prestigio, es esencial para convocar la atención y concitar el consenso de instituciones supranacionales como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otras dependencias de las Naciones Unidas, o de la propia cooperación internacional, cuyo rechazo puede causarle graves problemas internos y externos a los gobiernos. O por ejemplo, las tachas del procurador, cuando el procurador tiene prestigio, pueden acabar con las aspiraciones de un candidato en unas comisiones de postulación (y este año vienen varias importantes) o, aún es más, deponer a alguien de su cargo, como le sucedió a la magistrada Silvia Valdez cuando presidía la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso hizo un trabajo adecuado en la elección de la terna que presentó al pleno para elegir el próximo Procurador de los Derechos Humanos. Prevalecieron los criterios técnicos en la calificación de los expedientes de los abogados que se postularon. Los méritos académicos y la trayectoria profesional de los 31 aspirantes fueron fundamentales en la valoración.
Los diputados Patricia Sandoval y Carlos Fion, presidenta y vicepresidente de la Comisión, de FCN y CREO, respetaron los procedimientos establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación. El proceso fue público y la presencia y liderazgo de las diputadas Nineth Montenegro y Sandra Morán fueron vitales en el desempeño de la comisión. En la votación para integrar la terna, 10 de los 13 diputados favorecieron a los dos aspirantes que obtuvieron las más altas calificaciones: Augusto Jordán Rodas (97,33) y Claudia María López (85,9).
El tercer escogido fue Ricardo Alvarado Ortigoza (80,44), quinto en la calificación global. Contó con el apoyo de siete diputados (mayoría cualificada).
Los abogados Jorge Luis Borrayo Reyes y José Alejandro Córdova Herrera (tercero y cuarto en la calificación global, respectivamente), considerados los favoritos de las bancadas FCN-Todos-MR, solo lograron seis votos y quedaron fueron de la terna.
Si la elección del PDH es estratégica, debe ser estratégica también para los grupos pro-impunidad. Aunque las resoluciones del PDH no son vinculantes, su investidura conlleva un importante peso político, como ya se ha dicho. Las instituciones del Estado, principalmente las relacionadas con el sistema de justicia, seguridad y prisiones, atienden sus censuras, condenas y demandas. Con poco que diga, el PDH puede ser una figura molesta tanto para el Estado como para las empresas, pero también puede optar por quedarse callada y procurar comodidad.
Jorge de León Duque, PDH hasta agosto próximo, ha sido un importante aliado político de la alianza MP-CICIG-Embajada EEUU-Sociedad Civil, en la lucha contra la impunidad y la corrupción iniciada en abril de 2015. Ha apoyado la depuración del Congreso y la CSJ por la vía judicial. Una resolución suya en contra de la magistrada Silvia Valdez, por “comportamiento administrativo lesivo” en contra de los defensores de los derechos humanos, antecedió la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) para declarar ilegal su elección como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Además, junto al MP y la CICIG impulsó y promovió la propuesta de reformas constitucionales del sector justicia.
La estrategia definida a finales de 2016 por los partidos FCN, Todos, MR, Creo y UCN, con el apoyo del presidente Jimmy Morales, los exfuncionarios presos en Mariscal Zavala, representantes del sector privado y las mafias militares, contemplaba tomar el control de las instituciones estratégicas para recuperar los espacios políticos y administrativo perdidos en los dos últimos años: Junta Directiva del Congreso, PDH, Renap, Inacif, Fiscalía General, Comisionado contra la Tortura, Conamigua, entre otras.
Errores de cálculo en la Comisión de Derechos Humanos (y el trabajo de Montenegro, Morán y Amílcar Pop), impidieron que sus candidatos llegaran la terna. Hace unos días, con cinco amparos ante la CC, pretendían revertir el proceso de integración de la terna. Alegaban procedimientos inadecuados durante el proceso. Pero la CC los rechazó. La estrategia virará entonces hacia entorpecer la elección en el pleno impidiendo ad aeternum que cualquiera de los tres candidatos logre los 105 votos que necesita. Ello generaría un vacío constitucional de poder y forzaría, según sus cálculos, una nueva elección en la comisión.
El papel de la UNE en este proceso ha sido camaleónico. De garantizarle a Claudia López los 105 votos para su elección, pasó a unirse a las voces de protesta por el procedimiento incorrecto en la integración de la terna.
Los tres candidatos incluidos en la terna son reconocidos como profesionales honorables, sin compromisos políticos y con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Claudia López, actual procuradora adjunta, es la que más rechazo genera por considerarla la continuación de De León Duque. Ese mismo rechazo le suma simpatías entre quienes apoyan la lucha contra la corrupción y la impunidad, principalmente en la CICIG, Embajada, OACNUDH y sociedad civil.
Si la alianza logra revertir el proceso, cambiar la terna y elegir a un PDH afín, dará un paso importante en el objetivo estratégico: recooptar totalmente el Estado y terminar de reconfigurarlo a favor de sus intereses. Una ambición que parecía más cercana hace dos semanas que ahora, tras la cumbre de Miami en la que se reunieron Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos, y la nominación del candidato a ocupar la embajada norteamericana en la Avenida de la Reforma, cuya trayectoria prefigura una política de continuidad en materia anti-corrupción y de combate a redes político-económicas ilícitas. Pero de eso, y de sus muchos matices, ya hablaremos más adelante.
