¿Por qué no se renovó el convenio UNOPS-IGSS?

De todas las formas de corrupción que sufrimos, quizá la más criminal y asesina es la que plaga la adquisición pública de medicamentos.

Hace tres semanas, Guatemala entera debió salir a las calles a manifestar su indignación y enojo cuando Gustavo Adolfo Alejos Cámbara aceptó frente a un juez su culpabilidad, por haber participado activamente en actos fraudulentos en las adquisiciones públicas de medicamentos. Esta confesión ante un juez confirma que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), compra medicamentos a precios excesivamente altos, muy por arriba de los precios de mercado y de los que nuestros países vecinos pagan.

Los hechos por los que el señor Alejos está siendo juzgado ocurrieron años atrás, y se investigaron solo en virtud de la existencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), combinado con un liderazgo muy valiente en el Ministerio Público (MP) y su Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Por desgracia, estos crímenes no han parado. Hace dos semanas, diputados de oposición realizaron una visita de fiscalización en la Unidad de Consulta Externa Autonomía del IGSS, ubicado en la zona 9 capitalina. Constataron el desabastecimiento de cientos de tipos de medicamentos. Especialmente grave es el desabastecimiento selectivo de medicamentos para quimioterapia y otros tratamientos para el cáncer, ya que los diputados verificaron que, para pacientes vinculados con amparos legales presentados, sí había disponibilidad de esos medicamentos, pero no para el resto de pacientes.

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Tal como lo expone la investigación periodística que publicó La Hora la semana pasada, este asunto de medicamentos «amparados» y «no amparados» es un esquema mafioso y criminal bien enquistado en el IGSS y sus proveedores. Tal como lo explica Alejos en su confesión, se trata de crear una necesidad artificial de cierto medicamento, usualmente con el desabastecimiento creado, mejor si se trata de pacientes con condiciones de riesgo mortal, como cáncer, enfermedades renales u otras similares. Luego, mediante un amparo, supuestamente para salvaguardar la vida de los pacientes, se obliga al IGSS a comprarle el medicamento faltante a cierta empresa farmacéutica, usualmente la proveedora única del fármaco. Un negocio redondo y asesino.

Para evitar esta mafia criminal y asesina, desde hace seis años el Estado de Guatemala suscribió un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para apoyar los procesos de adquisición de medicamentos en el IGSS. Al evitar las mafias que se forran de dinero con los sobreprecios, este convenio con UNOPS logró ahorros millonarios, por el simple hecho de comprarlos al precio correcto.

Lamentablemente, uno de los «logros» del gobierno de Giammattei y las autoridades actuales del IGSS es la no renovación del convenio con UNOPS. Así, desde que caducó el convenio con UNOPS en febrero de 2023, las mafias corruptas en el IGSS volvieron a tener carta blanca, y con ello, el daño (y seguramente la muerte de pacientes) por el desabastecimiento artificial de medicamentos, es lo cotidiano.

Sin la Cicig, con una Procuraduría de los Derechos Humanos silente, con el MP y la Feci parte de esas mafias, difícilmente veremos a las versiones actuales de Alejos enfrentar la justicia y confesar sus crímenes. Ojalá la angustia y el pesar, si no la muerte, de miles de pacientes del IGSS que hoy se quedan sin sus medicamentos, nos hiciera reflexionar que al mantenernos como una ciudadanía callada, miedosa o apática, también, de una manera indirecta, somo cómplices de estos crímenes.

Si somos o conocemos un paciente del IGSS o del sistema público de salud en general que sufre esta tragedia, no nos quedemos callados y denunciemos. No permitamos más estos crímenes.