Lo que se vive ahora, es resultado de los movimientos iniciados desde diversos espacios y hace tiempo, que significó la cooptación paulatina de las instituciones hasta alcanzar el control total. Como ya lo han dicho otros analistas como Aquiles Faillace y Stephen McFarland, se ha concretado el golpe de estado jurídico y, añadimos, se ha instalado un estado mafia en Guatemala. En su análisis del fenómeno, McFarland planteó a Fernando del Rincón, en la cadena CNN en Español que, «hay contubernio entre gobierno, partidos políticos, otros sectores, con el silencio de la élite económica que permite que el país vaya hacia un estado cada vez mas dictatorial y sin justicia».
Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, lejos de funcionar con independencia, actúan corporativamente para ejecutar la agenda de regresividad de la democracia y reversión de las luchas contra la impunidad y las estructuras criminales que corrompen el ejercicio de la función pública. El primer eslabón en la cadena de la estrategia golpista fue Jimmy Morales Cabrera a quien sucedió en el poder Alejandro Giammattei Falla.
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El legislativo, copado por estructuras mafiosas y empresas criminales llamadas partidos politicos, ha dado disfraz legal a las disposiciones arbitrarias del pacto. Las reformas a la Ley de ONG, que emulan las disposiciones de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua, buscan el mismo objetivo que en la tierra de Sandino: cercenar el derecho universal de asociación, a fin de eliminar expresiones de descontento social. A la legislación arbitraria contra derechos, el Congreso ha sumado la inacción e incumplimiento de deberes al no elegir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones (SA), por dos años consecutivos.
Esta actuación legislativa ha llevado a que la CSJ y SA excedan su período constitucional en más de dos años, por lo que usurpan las posiciones que ocupan. Esta irregularidad en el sistema de justicia se complementa con la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual se conformó sin dar posesión a la magistrada Gloria Porras, designada por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En el caso de la magistrada Porras, actuó el eterno operador del pacto de corruptos, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz. El mismo que de la mano de la actual fiscal general, María Consuelo Porras, ha sido verdugo del personal guatemalteco de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Tanto la CICIG como la FECI fueron clave en la persecución penal a las estructuras que hacen parte del pacto de corrupción e impunidad y que procuran venganza por haber sido llevadas ante la justicia.
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Este golpe solo puede revertirse mediante la más amplia, sólida y contundente movilización ciudadana para restaurar el estado de derecho.
Eso demanda la generación de la más amplia unidad social que tenga como eje el derrocamiento del muro de la impunidad que se ha levantado con los ladrillos de la corrupción.
No puede ser un movimiento de élites corruptas y coludidas con el crimen. Ha de ser un movimiento social, desde abajo, desde la comunidades y los pueblos, sin sectarismos ni protagonismos electoreros pues no se trata de esperar y llegar al nuevo evento electoral. Se necesita actuar ahora y derrumbar a golpe de dignidad de pueblo, el muro del estado mafia para que no quede piedra sobre piedra de este sistema levantado por el golpe jurídico del pacto de corruptos y su alianza criminal.
Porque Guatemala merece florecer hacia una primavera de equidad y justicia, es necesario romper también las barreras del individualismo y el hegemonismo.
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