Una masiva movilización campesina en gran parte de las cabeceras departamentales mostró un movimiento social vivo, ejemplar. Una brutal acción policial de desalojo en la costa atlántica puso en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar el bien común. La satanización de la marcha anunciada mostró también cómo cierto público citadino da rienda suelta a su lógica racista y excluyente antes que a su comprensión y mucho menos a su solidaridad con las genuinas demandas sociales. La captura de un líder comunitario de Santa Eulalia, Huehuetenango, reafirma la política de criminalización del liderazgo social.
Una semana antes, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció que en esa fecha realizaría un «paro nacional movilizado» en diversos puntos del territorio. El Codeca señaló que marcharía para reclamar la renuncia del presidente y del vicepresidente por incapacidad y corrupción, así como por la derogación de leyes impopulares como la Ley Emergente de Conservación del Empleo y la Ley de Alianzas Público-Privadas, promovidas por el sector empresarial. Sus demandas también incluían la nacionalización de la energía eléctrica, la persecución penal de la empresa Energuate por evasión de impuestos y el cese de la exoneración de tributos a grandes empresas evasoras de impuestos. Sus exigencias incluían también la persecución penal de los exgobernantes Álvaro Arzú Irigoyen, actual acalde capitalino, y Óscar Berger Perdomo por corrupción y venta de recursos nacionales.
Pese a que la organización no mencionó en sus comunicados el bloqueo al paso vehicular o personal en las rutas de la marcha, los medios de comunicación corporativos difundieron la falsedad. De esa cuenta, el matutino elPeriódico tituló anunciando un «miércoles negro», en alusión a los disturbios generados por el extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que reclamaba la inscripción como candidato presidencial del condenado por genocidio Efraín Ríos Montt. Además de dicho medio, otros como Emisoras Unidas y Prensa Libre difundieron notas relativas al bloqueo, en tanto que grupos como Libertópolis llamaron a colocar listones rojos en muestra de rechazo a la movilización, la cual, insistían, impediría el libre tránsito.
Por supuesto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) exigió a las autoridades impedir el bloqueo en carreteras. En tanto, la Cámara de Comercio, presidida por Jorge Briz Abularach, interpuso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso de amparo. Este fue resuelto en favor de Briz Abularach por una CC integrada casi solo por suplentes, en una resolución que reitera una acción contra derecho, básicamente porque se ampara ante el «daño provocado» por un hecho aún no producido.
La agilidad con la cual la CC resuelve otro recurso a favor del sector empresarial en unas cuantas horas, en tanto en procesos de otra índole puede tardar más de un año, solo evidencia a quién sirve el sistema judicial. En el gobierno de Arzú fue privatizada la energía eléctrica. Se dividió el proceso en varias fases y se hizo de un servicio público una fuente de lucro de la corrupta administración de turno y de las empresas vinculadas a esta, originalmente la Unión Fenosa, de España, la cual dividió la distribución en Deocsa y Deorsa, a las que en 2011 nombró Energuate. Luego, esta última fue adquirida por la compañía Actis, de capital británico. Mediante el cobro exorbitante del servicio de distribución por parte de Energuate se han generado condiciones de profunda conflictividad en áreas en las cuales las comunidades han optado por la resistencia ante el abuso del entorno empresarial y el abandono por parte del Estado.
Al mismo tiempo que se producía la marcha sin bloqueo en carreteras, contra el pronóstico mediático y empresarial, un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército desalojaba a las comunidades de Esperanza Túnico, Plan Grande y Río Sumach, en la finca El Murciélago, en El Estor, Izabal. El desalojo, en el cual resultó herido un agente policial, fue ejecutado a petición de la empresa bananera, que reclama ser propietaria del inmueble habitado por las comunidades en mención. Pese a que las imágenes muestran armas de fuego en manos de agentes policiales, el jefe de la entidad afirmó que un contingente de la PNC permanecía en el lugar sin armas «porque priorizaron el diálogo».
Ese día también se capturó a Domingo Francisco Cristóbal, líder de Santa Eulalia, Huehuetenango. Se lo acusa de los mismos delitos por los que otros líderes fueron exonerados luego de guardar más de un año de prisión. En definitiva, ese día muestra que la organización y la movilización social son posibles y necesarias. En especial, frente a un Estado cooptado por las mafias y la élite empresarial, ante una sociedad permeada por el racismo y la exclusión.
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