Ese no es el caso de Guatemala. Por el contrario, en el país ha sido recurrente la dejadez de las autoridades de turno para atender con diligencia la prevención, no digamos la atención a poblaciones afectadas. Tan solo para citar dos ejemplos, son dolorosamente memorables los efectos del huracán Mitch en 1998 y la tormenta Stan en 2005. En ambos quedó de manifiesto el escaso nivel de previsión instalado como cultura funcional del Estado y la limitada capacidad de respuesta.
Los impactos más graves se produjeron en poblaciones precarizadas tanto en su condición económica como en su ubicación habitacional. La exclusión sistémica en Guatemala mantiene en constante vulnerabilidad a una inmensa mayoría de la población, condenada a transitar caminos o calles infuncionales y a vivir sin acceso a los elementales servicios. Población que cuando enfrenta climas extremos como la lluvia que acarrean los fenómenos mencionados, pierde todo entre el agua o el lodo y sin esperanza mínima de recuperarlo.
El gobierno de Alejandro Giammattei no solo no ha sido la excepción sino que la guinda en el pastel de la desigualdad. Su innegable ineptitud para dirigir el país ha quedado de manifiesto con el manejo de las secuelas de las tormentas Eta e Iota y ha quedado totalmente al desnudo con la tormenta Julia. Pero no solo ha manifestado incapacidad. Giammattei también ha dado muestras de una enorme indolencia y falta de empatía con la población. A pesar de fruncir el ceño, de sus peroratas a gritos o desmanes de patancito, no oculta que lo único que en última instancia le importa es identificar oportunidades de manejo discrecional de recursos.
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La ruta de Julia, primero huracán y luego tormenta, estaba plenamente anunciada. Hubo días valiosos que pudieron aprovecharse para organizar evacuaciones, refugios y poner verdaderamente en apresto a la institucionalidad a cargo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Sin embargo, se dejaron pasar y fue hasta el último momento, cuando Julia se había aposentado en territorio nacional que el gobernante convocó a sus funcionarios para responder al fenómeno. Allí sí, tal y como anunció luego, en gabinete de ministros, el gobierno acordó imponer un nuevo estado de excepción, en grado de calamidad. El mismo le da la oportunidad de comprar sin mayor trámite y, al declararlo en todo el territorio nacional, facilita que cualquier entidad, aunque su área no tuviera efectos por el fenómeno, utilice el mecanismo para gastar sin control.
Estado de calamidad que ha sido la tónica con la que el inepto Giammattei ha ejercido el gobierno. Un modelo de gestión que le permite disponer de los recursos públicos y satisfacer la voracidad de la caterva de corruptos que ocupan la mayoría de posiciones de poder a todo nivel. En año preelectoral, qué mejor manera de ofrecer acceso a los fondos del Estado y asegurarse con ello la posibilidad de hacer «un guardado» para las campañas. Compra de voluntades o engordado de bolsas personales, eso y no otra cosa son los estados de calamidad que ha usado este gobierno.
Mecanismos con los que día con día, durante los dos años diez meses que lleva de ejercicio, ha profundizado la debacle del Estado de Guatemala. A la infuncionalidad permanente de servicios elementales como transporte, carreteras, energía eléctrica, se ha sumado la carencia de documentación básica como documentos de identidad o pasaportes y más recientemente el robo de información de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y, muy probablemente, la Superintendencia de Administración Tributaria.
En definitiva, la declaratoria de Estado de Calamidad más que un modo de atender las emergencias, en manos de este gobierno ha sido la manera de cambiarle nombre al país y describir su verdadera condición.
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