Si los guatemaltecos y guatemaltecas realmente quisieran honrar la memoria de la «maestra mártir», María Chinchilla (muerta durante las jornadas cívicas que derrocaron al dictador Jorge Ubico, inaugurando así la primavera democrática del país entre 1944 y 1954), ejercerían su derecho al voto y elegirían a conciencia alguna opción que respondiera a lo que día a día reclama la mayoría de guatemaltecos: forjar un camino político viable que proporcione bienestar a la población y acabar con la corrupción y la impunidad que mantienen al país en una zozobra política y social crónica.
Sin embargo, la población asiste de nuevo a un proceso electoral cuestionado, con una atomización de partidos políticos (29 a la fecha) con poca o nula trascendencia histórica (salvo el reciclaje de políticos veteranos que, cual parásitos, se alimentan y aprovechan del sistema) y con pocas ofertas que sean distintas y convenzan a una ciudadanía ya de por sí apática y suspicaz del quehacer político y de la democracia.
Las últimas dos administraciones, especialmente la del presidente Alejandro Giammattei, dan cuenta de un deterioro acelerado de las instituciones que garanticen el Estado de derecho, del socavamiento del sistema de justicia, y la falta de garantías y protección para la oposición política y activistas de derechos humanos, periodistas, jueces, y fuerzas anticorrupción. Lo anterior influye obviamente en que Guatemala continúe figurando entre los peores puestos mundiales en temas de desnutrición infantil, escolaridad y éxito educativo, acceso a la salud, protección a las mujeres y a la niñez, prosperidad, infraestructura e inversión social, entre otros.
A pesar de las buenas intenciones y la algarabía que los integrantes de los partidos políticos manifiestan cada cuatro años, Guatemala sigue caracterizándose por ser una democracia de baja intensidad, es decir, luce como una democracia en términos formales –como ahora con la apertura del proceso electoral–, pero una vez consumadas las elecciones, el Estado en su conjunto no obra en favor de la ciudadanía ni los ciudadanos pueden influir lo suficiente para mejorar la calidad en su funcionamiento. Quienes son electos, siguen haciendo tratos o acuerdos con actores económicos poderosos para mantener al estado encadenado y a la economía atrapada, como explica Juan Alberto Fuentes Knight en su último libro, al evidenciar la estrecha relación que existe entre la política y la economía, y las razones por las cuales –grosso modo– ninguna ha estado al servicio del bien común.
De allí que a escasos meses de que por fin los candidatos puedan oficialmente entrar en campaña y presentar sus planes y programas a los electores (entre el 27 de marzo y 23 de junio según el cronograma del TSE), es imperativo que todas las agrupaciones partidistas se aparten de cancioncitas pegajosas y edecanes, que más parecen anuncio de cervezas, para plasmar claramente la Guatemala del 2050:
- Su visión de país y el tipo de acuerdos sociales, económicos y políticos que establecerán para sacar al 52 % de la población sumida en la pobreza y acabar de una vez por todas con la desnutrición infantil.
- Sus políticas para evitar el éxodo masivo de nuestros connacionales a Estados Unidos, cada vez más afanado por cerrar la frontera en alianza con su socio mexicano.
- Su concepto de equidad e inclusión, así como sus propuestas económicas que integren políticas de empleo digno, inversión social y quiebre de monopolios para fomentar la libre competencia
- Su compromiso contra la corrupción y con el fortalecimiento institucional.
- Su plan para adecuarse al cambio climático y la gestión del territorio priorizando la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades, sobre todo rurales e indígenas.
- Rescate de la democracia y fortalecimiento ciudadano.
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