Porras Argueta fue nombrada por Jimmy Morales en 2017 y, si bien durante ese gobierno dio indicios de su vocación por la defensa de la corrupción y la impunidad, ha sido en el actual gobierno en donde ha obtenido el galardón principal. Durante la gestión de Alejandro Giammattei (quien deberá designar a la nueva jefatura del MP de la nómina de seis que presente la Comisión Postuladora), Porras Argueta se ha lucido para proteger de la persecución penal al gobernante y su círculo íntimo.
Pero, no solo eso ha hecho para congraciarse. La FG ha ido más allá y se ha ensañado en perseguir penalmente a quienes con dignidad y ejercicio honorable de la profesión, avanzaron procesos contra estructuras de corrupción e impunidad, en tanto empresas criminales que ordeñaban recursos de Estado.
Con semejante comportamiento, incrementado en días recientes, es obvio que Porras Argueta espera que Giammattei la ratifique en el cargo. Sin embargo, el gobernante al parecer tiene más opciones. Se trata del actual Procurador General de la Nación (PGN), Jorgé Luis Donado Vivar, fiel cancerbero de los intereses del gobernante y su círculo inmediato. De tal suerte, Porras no tiene garantizada la reelección.
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En la lista hay también varios integrantes de salas de apelaciones del Organismo Judicial, así como fiscales de carrera. En cambio, profesionales del derecho que han ejercido el cargo de jueces han quedado fuera por una resolución prevaricada de la Corte de Constitucionalidad (CC) que preside Roberto Molina Barreto. Según la espuria decisión de la CC, el ser titular de un juzgado de primera instancia no significa ejercer la carrera de abogacía y notariado. Como si para optar a dicho cargo pudiera hacerlo toda persona de cualquier rama profesional y no forzosamente alguien que se ha graduado de alguna de la facultades que otorgan el titulo de abogacía y notariado. En ese sentido, la CC emite un dictamen, abusando del poder que ostenta, a fin de excluir de participación a jueces como Erika Aifán o Miguel Ángel Gálvez, de amplia y reconocida trayectoria impecable en la judicatura.
Con su decisión, la CC amparó al abogado Raúl Falla Ovalle, quien también representa al presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez-Ruiz Valdez, operador de la entente que sirve al propósito de venganza contra operadores de justicia que se apegan a la ley. Principalmente contra ex integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), así como ex integrantes nacionales del equipo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG). Méndez-Ruiz Valdez se ha incorporado como querellante adhesivo en los procesos que el MP de Porras Argueta ha abierto, de la mano del fiscal Rafael Curruchiche, actual titular de la FECI, en contra de ex trabajadores de esa fiscalía y de la CICIG. Tan envalentonado está Méndez-Ruiz Valdez que ha agredido a las perseguidas por la venganza del MP.
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Este amancebamiento entre la jefa del MP, la FCT, su representante y su abogado, no es casual sino parte del operativo de venganza y aniquilación. Operan al mejor estilo del proyecto contrainsurgente, para acabar con todo lo que implique decencia en el ejercicio de la procuración y administración de justicia y buscan consolidar su emporio de impunidad.
Por eso, hacen parte del entramado de corrupción en el que se basa el proceso actual de designación de nueva jefatura del MP. Un proceso que carece de la más elemental legitimidad porque nace de un afán de empoderar al crimen en el control de la persecución penal y la administración de justicia. Más que andar en este camino retorcido, toca señalar y denunciar lo corrupto y viciado de su origen y por ende de sus resultados.
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