Sumado a ello, carece de un esquema profesional efectivo y de una estructura laboral adecuada. Un guardia del sistema percibe un salario de Q1 925, que, con un bono de Q1 750, da para una remuneración mensual que con descuentos es de Q3 363.50. Por ese monto que percibe por sus servicios labora jornadas continuas de 24 horas, sometido a la presión de estar con personas privadas de libertad sindicadas o sentenciadas por todo tipo de delitos. Los más graves, asesinatos con terribles expresiones de violencia. Laboran en sitios carentes de condiciones físicas adecuadas.
Si las personas reclusas son para esta sociedad una especie de población desechable, quienes las custodian son su equivalente en el sistema de seguridad. Aunque los casos por corrupción ventilados en tribunales demuestran que un ingreso alto no impide cometer delitos, la miserable remuneración a la guardia penitenciaria es caldo de cultivo para la corrupción.
Una circunstancia que ha servido a las diversas estructuras que han controlado las cárceles y que fue terreno fértil para el emporio criminal que construyó Byron Lima Oliva. Condiciones que también facilitaron la operación en la cual este fue ejecutado. Lima, quien era convicto por la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi Conedera en 1998, se erigió en el supremo capo de las cárceles. A tal grado que, pese a estar cumpliendo una sentencia, salía a su gusto para atender los negocios que construyó como producto de su control en las prisiones.
Luego de su captura in fraganti al volver de la calle al centro de detención en una caravana de vehículos blindados, Lima difundió correos electrónicos que intercambió con el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Las comunicaciones revelaron la lista de propuestas que Lima hizo al titular del interior para ocupar posiciones en el Sistema Penitenciario (SP). La nómina que Lima difundió empataba con los nombramientos desde la Dirección General del SP.
De acuerdo con las revelaciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en los procesos por financiación ilícita de partidos políticos el convicto habría cobrado así el patrocinio financiero y político del Partido Patriota. Una vez conformada la red con posiciones de decisión, el negocio de los traslados amplió el peculiar holding empresarial de Lima Oliva. A tal grado que su poder creció hasta convertirlo en dueño y señor de los penales.
Con el poder que concentraba en una institucionalidad precaria, es imposible creer que su muerte no sea parte de una conspiración. Con el control que ejercía, no podía ser ajeno a los movimientos que dieron pie al ingreso de las armas con que operó el grupo que cometió el crimen. Y, aunque hay diversas hipótesis, han de ser las autoridades quienes investiguen y respondan sobre las responsabilidades en este hecho. Ese es el camino de la persecución penal.
Pero queda identificar las motivaciones del crimen y las estructuras detrás de este, no solo las que jalaron del gatillo, sino también las que financiaron la operación. Esas son las que tienen por propósito no solo ahondar la crisis penitenciaria, sino, sobre todo, debilitar la institucionalidad de Gobernación. Así se ha intentado romper la trilogía Mingob-MP-Cicig y detener la continuidad no solo de los procesos en camino, sino de otras investigaciones que indiquen nuevos actores en la escena criminal de saqueo, evasión y elusión fiscal, o bien en la de control desde círculos cercanos de la acción presidencial.
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