Dedicada a protegerse ante el abandono institucional, la sociedad se ha concentrado en esa emergencia y no ha podido dedicar suficiente tiempo a revisar los escándalos que la corrupción rampante derivada de la complicidad de funcionarios y empresarios corruptos, hacen estallar a diario. Aprovechándose de ello y agazapada como alimaña depredadora, la jefatura del Ministerio Público (MP), ha empujado procesos espurios contra quienes son el blanco de la venganza de la corrupta élite depredadora y sus secuaces.
De esa cuenta, desde la ahora mal llamada Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se gestionan órdenes de captura contra ex funcionarios de dicha unidad, como su anterior titular, Juan Francisco Sandoval. Con la saña digna de una arpía, justo cuando se gestionaba medida sustitutiva en favor de Virginia Laparra, el MP plantea una nueva orden de captura al igual que contra Leily Santizo y Juan Francisco Sandoval.
Laparra está privada de libertad en condiciones de tortura psicológica, extremo que no ha evaluado el actual relator del mecanismo contra este crimen pues, resulta que es el ex juez que la denunció. Sandoval sigue exiliado aunque perseguido incluso en su lugar de refugio ante el acoso de la entente de la corrupción. Leily Santizo enfrentó el miércoles por la mañana el allanamiento de su vivienda y sigue ligada a proceso en un caso también espurio.
Mientras, el presidente del matutino ElPeriódico, José Rubén Zamora Marroquín lleva más de 80 días privado de libertad, al igual que la auxiliar fiscal Samari Gómez. La gerente financiera del mismo medio, Flora Silva llegaría a los dos meses de privación de libertad, en el mismo caso presentado por el MP contra Zamora y Gómez, el cual según ha revelado la defensa y el medio El Faro, fue montado en apenas tres días.
Los verdugos de la justicia, encaramados en la tarima de la impunidad y la corrupción, alzan la mentira como lanza en ristre, para lograr su cometido. A ellos les resulta útil la podredumbre que anida en la jefatura del MP y la FECI. Misma que amancebada con las judicaturas y magistraturas venales en el Organismo Judicial, empata a la perfección para envilecer la administración de justicia.
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Las personas perseguidas por la acción espuria de quienes deben hacer respetar la ley y no retorcerla, actuaron en ejercicio de sus funciones en el caso de fiscales y en el ejercicio de derechos en el caso de periodistas o personas ligadas al periodismo. A todas ellas les han sido negados derechos esenciales como el de la defensa, que es una garantía constitucional así como el acceso a los expedientes respectivos.
Esa actuación que develó, entre otros, la responsabilidad de la élite empresarial en el financiamiento ilegal del corrupto ex gobernante Jimmy Morales, así como en la millonaria evasión fiscal, es la que ahora concita la venganza. A la actuación de jueces y fiscales deshonestos se une un ejército de los llamados netcenteros que viven de la difamación y la diseminación del discurso de odio. Con ellos opera en calidad de locomotora del tren de la venganza criminal, el abogado y el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, que vive de la acción penal espuria contra personas y profesionales a quienes se incrimina falsamente.
Y aunque por el momento pareciera que los vagones y la locomotora se mueven perfectamente aceitados, en cualquier momento se les afloja un durmiente en la vía y van a descarrilarse como el fallido tren que pretendió inaugurar Jimmy Morales en 2019.
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