Ahora bien, Guatemala, con mayoría indígena, presenta particularidades específicas dado su contexto colonial, racista, posconflicto y con diversidad de sistemas normativos mayas. La falta de equiparación entre autoridades ancestrales y magistrados del sistema judicial formal genera una vulnerabilidad institucional que se agrava cuando estas autoridades defienden territorios ante proyectos extractivos; es decir, depredadores de la Madre Naturaleza.
La criminalización, persecución y encarcelamiento de autoridades indígenas revela cómo el Estado privilegia los intereses económicos sobre los derechos colectivos. Esta situación se ve agravada por la falta de mecanismos institucionales que protejan el ejercicio de la autoridad ancestral como función pública legítima.
Se evidencia un patrón sistemático de racismo y violencia estatal contra pueblos indígenas que trasciende gobiernos específicos, lo que revela estructuras profundas de colonialidad. Se utiliza el sistema de justicia formal como brazo represivo de intereses económicos privados. Cuando jueces emiten órdenes de desalojo y detención contra autoridades ancestrales basándose en denuncias de finqueros y empresas extractivas, se está pervirtiendo la función jurisdiccional para servir a los intereses de la clase dominante sobre territorios indígenas.
El hecho de que estos desalojos violentos se intensifiquen, incluso durante el gobierno de Arévalo, —que llegó al poder con un discurso de cambio— confirma que estas políticas responden a estructuras estatales y económicas que trascienden las administraciones particulares. La quema de ranchos y cultivos constituye una táctica de tierra arrasada que busca impedir el retorno de las comunidades.
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La capacidad de resistencia y reconfiguración institucional de los pueblos podría ser crucial para entender las formas contemporáneas de persistencia indígena frente al colonialismo estatal. Se debe volver a lo propio, en tanto pase la arremetida fascista y ultraconservadora. Fortalecer la organización comunitaria, establecer redes de comunicación y articulación entre diversas autoridades, para crear estrategias innovadoras de resistencia, defensa y fortalecimiento identitario. De esta manera, poder enfrentar a la partida de políticos que se quieren reelegir en el próximo proceso electoral, mientras manipulan la buena fe de los pueblos.
Es la única salida posible y altamente efectiva para expulsar mediante el voto a los que, a través de la corrupción y el racismo, le han dado la espalda a la sociedad en general. Se debe sanear democráticamente el Congreso de la República.
El Estado en su conjunto va contra los pueblos. El extractivismo, la usurpación de tierras comunales, el encarcelamiento de autoridades ancestrales y dirigentes sociales, el aprovechamiento festinado del presupuesto público (que beneficia poco a las comunidades originarias), el desprecio racista que exhiben los diputados al interpelar a funcionarios indígenas, y la aplicación de la ley como arma de represión, son elementos que, en pleno siglo XXI, pintan la resurrección de un colonialismo renovado. Así continúa la larga historia de opresión y sumisión para los pueblos.
El pueblo ladino-mestizo debe hacer eco del llamado a depurar el Congreso mediante el voto. Debe rechazar toda forma de reelección y exigir a candidatos y partidos políticos la presentación de compromisos que orienten a la sociedad hacia el Buen Vivir.
¡Ojo! El siguiente texto aparecido en el Facebook, es el preludio de la larga y oscura noche que se avecina:
«La mayoría de diputados del Congreso dio la espalda a los pueblos indígenas, dejando en evidencia el racismo estructural y la discriminación que siguen marcando la historia política del país. En dos votaciones consecutivas realizadas este martes, rechazaron un punto resolutivo que buscaba reconocer a los pueblos originarios, quienes constituyen la mayoría de la población en Guatemala. Estos mismos diputados que niegan el reconocimiento y el respeto a los pueblos indígenas serán, más adelante, los que lleguen a las comunidades a pedir votos, fingiendo compromiso con quienes hoy humillan y excluyen. Este rechazo es un acto de desprecio y violencia política contra la mayoría del país. Es la confirmación de que para quienes detentan el poder, las vidas, derechos y culturas de los pueblos indígenas no valen lo mismo. Negar el reconocimiento es perpetuar el colonialismo, sostener la desigualdad y dejar claro que la democracia que pregonan no es para todos».
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