Consuelo la torturadora

 Esta no es la primera persona privada de libertad durante la gestión de Consuelo Porras que se declara culpable de los ilícitos que se le atribuyen, a fin de quedar fuera de prisión. En  2022, Flora Silva, quien fuera gerente financiera de elPeriódico, también se declaró culpable de los cargos imputados, con tal de salir del encierro y poner fin a la tortura vivida. Silva fue detenida en el marco del proceso contra José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien fue capturado en julio de 2022.

El abogado defensor de Zamora, Mario Castañeda, fue perseguido penalmente y ligado a proceso. Luego de su captura, Castañeda estuvo privado de acceso a medicamentos hasta que, como Silva, se declaró culpable de los delitos que le imputó el Ministerio Público (MP).

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Mientras tanto, José Rubén Zamora vivió una constante tortura desde que llegó al centro   donde estuvo recluido. La privación de sueño,la  contaminación con plagas, la falta de luz y ventilación fueron parte del menú de agresiones a las que fue sometido el periodista. De manera similar, cuando Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quezaltenango, estuvo en prisión, también fue víctima de vejaciones y torturas.

Todos estos hechos ocurrieron bajo la mirada cómplice del acusador de Laparra, Lesther Castellanos, quien prácticamente usurpó la dirección del Mecanismo Nacional Contra la Tortura. Su inacción, coludida con el desempeño del ente acusador, facilitó que este lograra su cometido: someter a sus víctimas de persecución espuria y, en los casos de Castañeda y Silva, doblegarles hasta que se declararan culpables.

Así, ante la falta de evidencia científica contra Zamora, el MP busca esgrimir las confesiones de ambas personas como prueba contra Zamora, a fin de lograr su condena. De manera que, no es extraño que buscara la misma condición en el caso contra Ligia Hernández. No era un secreto que Hernández sufría por la privación de contacto con sus hijas y, sintiéndose abandonada por su entorno político, el partido oficial, se vio en un callejón sin salida.

La tortura psicológica que enfrentó Ligia Hernández, acrecentada ante la casi nula acción de sus correligionarios, fue caldo de cultivo para los propósitos del MP de Consuelo Porras. Las principales cabezas del ejecutivo, el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, son el objetivo central de Porras y su banda. Para lograr someterlos mediante el chantaje, necesita sustentar un caso, al estilo del de José Rubén Zamora, basado en confesiones obtenidas bajo tortura, ante la falta de evidencia real.

Consuelo Porras desmanteló la arquitectura profesional del MP y convirtió a la entidad en operadora de venganzas políticas. Los remedos de fiscales que encabezan los casos, litigan ante un número limitado de jueces tan corruptos como la jefa de la fiscalía y sus secuaces. Ambas estructuras se coluden para torturar a través de la persecución penal y la privación de libertad a personas inocentes que les estorban o desafían su gestión corrupta.