A nivel mundial, el gobierno de Trump ha reducido el número de empleados directos de USAID de alrededor de 10,000 a solamente 294, una reducción de 97 por ciento. Ahora bien, este no es el impacto total sobre el empleo, toda vez todas las entidades que, de una forma u otra, recibían fondos de USAID también generaban empleos formales. Son las y los trabajadores de las empresas contratistas, socios implementadores, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y gobiernos que tenían contratos o convenios con USAID. No hay cifras disponibles, pero es posible que el número global de empleos perdidos asociados al cierre de USAID sea millonario.
Guatemala no es ajena a este fenómeno mundial. El impacto que ya estamos sufriendo no se limita a las y los trabajadores de la Misión de USAID en Guatemala, sino a todas las demás entidades que generaban empleo, trabajadores y trabajadoras guatemaltecas cuyo salario se estaba pagando con fondos de la cuantiosa cooperación estadounidense. La fuerza laboral de empresas contratistas, Gobierno, universidades y organizaciones independientes, agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, entre otras.
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Aún no hay datos precisos de cuántos empleos se han perdido desde enero, cuando inició el proceso de cierre de USAID. Un dato no oficial, y seguramente muy preliminar, toda vez los despidos continúan produciéndose, es que en Guatemala se estarían perdiendo entre 10,000 y 15,000 empleos formales por el cierre de USAID. Si se toma el número de afiliados al IGSS como aproximador del número de empleos formales, en promedio durante el período 2015-2024, Guatemala logró crear alrededor de 45,000 empleos formales cada año. Es decir, si el dato citado es correcto, con el cierre de USAID el país ya perdió entre la quinta y la tercera parte de los empleos formales que en promedio genera cada año.
Y, como sabemos muy bien, cuando se habla de empleo en Guatemala, no debemos ver solamente los números, sino la calidad de cada puesto de trabajo. Son miles de empleos formales los que se están perdiendo, en un período de tiempo muy corto. Se trata de una fuerza laboral altamente calificada para los estándares de Guatemala (y, me parece, de todo el mundo), gerentes y oficiales de proyectos y administrativos, contadores generales, científicos, investigadores académicos, muchos de ellos políglotas que, está muy claro, la economía guatemalteca no podrá absorber, ni siquiera en años. Y, si esta fuerza laboral se logra recontratar, seguramente no será en las mismas condiciones y remuneración, probablemente desempeñando labores para las cuales están sobre calificados, es decir, no es solo cuestión de un aumento del desempleo, sino del subempleo y de la informalidad.
Independiente de si ideológicamente se aplaude o se condena el cierre abrupto de la USAID, su impacto en la generación de empleo en Guatemala no puede ignorarse o minimizarse. Las entidades estatales responsables, los ministerios de Economía y de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Técnico de Capacitación, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de Guatemala, entre otros, deben empezar a recopilar datos e información de lo que está ocurriendo, publicar sus análisis y conclusiones y, lo más importante, accionar de forma urgente desde sus funciones y atribuciones legales. Los centros de pensamiento e investigación y la academia también deben hacer lo propio.
Este asunto va más allá de escaramuzas ideológicas en las redes sociales. Son miles de profesionales guatemaltecos los que se están quedando sin trabajo, y con ellos, sus familias sin sustento, expuestos a la precariedad. Es grave.
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