El reportaje presenta datos y eventos que preocupan en relación con la entrega de servicios a la que está obligado el sector público guatemalteco. Por ejemplo, obtener un registro sanitario para un medicamento nuevo puede demorar hasta 14 meses, y unos 17 meses más si se trata de una renovación. Todo ello viene impactando en el mercado de medicamentos y en la atención a la población. Esto en virtud de que existe una acumulación de 11 mil 722 solicitudes de productos pendientes de tramitología, y que no pueden ingresar al mercado para su venta.
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Al hablar de tramitología en los asuntos públicos, el propio reportaje recuerda que está vigente, afortunadamente hoy en día, una Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, que es el Decreto 5-2021. Esta tiene el propósito de introducir al sector público a la cuarta revolución industrial; es decir, la era de la innovación y la automatización de procesos. Esto se le endilga en tal reportaje al muy conocido Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines que es el ente encargado de darle trámite a los registros.
El citado decreto es incluso parte de un conjunto de acciones de cumplimiento en materia de política comercial externa, pues resulta ser de tan alta relevancia que hasta las más altas autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América han exigido su puesta en práctica para garantizar competencia relativa a normas y procesos de atracción a la Inversión Extranjera Directa. Sin embargo, a todas luces, ello requiere una reforma profunda del Estado guatemalteco y, principalmente, del gobierno central.
En relación con la regulación de los medicamentos se poseen dos importantes brazos: la tramitología registral, acompañada de la regulación. Y ello en virtud de que en esta delicada área de la política social resulta fundamental evaluar la calidad de los medicamentos, que conlleva complejos procesos científicos y, por ende, laboratorios e investigación. El tema de la falsificación es así una tarea fundamental que debe evitarse para proteger a la población.
Es preciso subrayar que para adaptarse a la simplificación de procesos —tal y como está concebida la ley y su espíritu— se necesita primero de un cuerpo profesional de altos vuelos. No obstante, resulta ser que la normativa del servicio civil ha dejado para el gobierno central una serie de limitaciones que tienen que ver con la meritocracia y la constante profesionalización en el servicio. La estructura de sueldos ha quedado en un rezago evidente, cuando se compara con las entidades descentralizadas, o bien con recientes diseños institucionales situados fuera de la órbita de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Urge entonces modernizar el servicio civil guatemalteco y adaptarlo a la revolución industrial, al mérito y a la investigación científica.
Adicionalmente, están las obsolescencias propias de la Ley de Contrataciones del Estado, que es un cuerpo legal que debe flexibilizarse para que las entidades se automaticen y se cuente con equipo sofisticado. Tanto de lo que suele llamarse el hardware (equipo y maquinaria de cuarta generación) como software (bases de datos, programas y demás). Se requiere de un cuerpo profesional no solo especializado en estos temas, sino también bien formado en las labores sustantivas de la regulación de medicamentos y bienes conexos —como lo son los alimentos— que también son supervisados por dicho ministerio.
Un comunicado del ministerio reconoce los denominados desafíos históricos que se enfrentan debido a la acumulación de expedientes, por lo que se ha implementado un plan de trabajo para disminuir la sobrecarga de una manera racional. Se menciona en el plan la necesidad de modernizar los sistemas informáticos y los institucionales.
Al respecto de estos últimos, imagino que se trata de la comentada modernización del Estado, con temas y problemas que son también comunes a la entrega de servicios públicos. Por tanto, es importante reiterar que la celeridad, definitivamente, no debe comprometer la calidad.
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