Hoy persisten expresiones como «el sector productivo», así, en singular, refiriéndose a un grupo de empresas o empresarios que se proclaman como el motor principal del crecimiento económico de Guatemala, tradicionalmente asociado al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Sin duda, las empresas aglutinadas en el Cacif continúan siendo un sector económico muy importante, con una participación significativa en el crecimiento económico y la generación de empleo formal y de calidad, pero, a diferencia de hace algunas décadas, ya no son el sector productivo, y la carencia aguda de estadísticas confiables tampoco permiten precisar cuantitativamente su importancia en la estructura económica.
Lo que los escasos datos disponibles sí muestran con claridad contundente es que, más o menos desde hace ya una década, los empresarios ya no son el sostén del sector externo de la economía guatemalteca. El comportamiento de los indicadores de la balanza de pagos, ya no está determinado por las exportaciones, la inversión extranjera directa o el turismo, sino por las remesas que envían las hermanas y hermanos migrantes, principalmente desde Estados Unidos, con todo y pese a Trump. El Banco de Guatemala estima que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos podría cerrar en 2025, por décimo año consecutivo, con superávit, alrededor del 4 % del producto interno bruto, solo por debajo del máximo histórico de 5 % registrado en 2020.
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Al 21 de agosto de 2025, las remesas familiares enviadas por las y los migrantes guatemaltecos registraron un crecimiento interanual del 20 %, y se estima que, al cierre de ese año, podrían alcanzar un monto cercano a los USD 25,000 millones. Esta cifra supera, por mucho, al presupuesto total del gobierno central, que asciende a USD 20,109 millones en 2025. Además, sobrepasa con amplitud la recaudación total de impuestos (USD 14,195 millones), el gasto social total (USD 9,815.25 millones) y el gasto de capital o inversión (apenas USD 4,677 millones). Las remesas también son considerablemente mayores que la inversión extranjera directa recibida por Guatemala, que fue de tan solo USD 1,695 millones en 2024, así como que los ingresos por turismo, que alcanzaron USD 1,324 millones ese mismo año.
Menos conocido y estudiado, y con ello, menos reconocido, es el aporte económico de los pueblos indígenas guatemaltecos. La semana pasada, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó un estudio que actualiza el cálculo de la inversión pública en los pueblos indígenas, durante el evento se comentó que no solo debían estudiarse y medirse las intervenciones del Estado para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sino también su aporte al crecimiento y al desarrollo económico. Esto se debe a que, aunque existe una carencia de estadísticas que permitan cuantificarlo con precisión y su carácter es mayormente informal, se percibe como un fenómeno de gran magnitud y con un crecimiento acelerado.
Si esta percepción se llega a confirmar con datos confiables, entonces deviene urgente un esfuerzo por cambiar drásticamente la forma en que entendemos la estructura de la economía guatemalteca. Con una actividad empresarial, especialmente comercial informal y localizada fuera de la ciudad capital, el aporte económico de los pueblos indígenas cada vez más se revela pujante y dinámico, aumentando su contribución al crecimiento, y no solo el sector social más marginado y empobrecido.
Es decir, cada vez más, el sostén de nuestra economía recae en los más marginados, empobrecidos y excluidos: los migrantes con sus remesas sostienen el sector externo, y los pueblos indígenas que aportan cada vez más al sector real. Vaya urgente reflexión.
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