Desde el primer día de su gestión, el presidente Donald Trump inició una ofensiva contra quienes pretenden ingresar y permanecer en territorio estadounidense sin cumplir las reglas de la materia. En ese sentido, redadas y amenazas vienen marcando la pauta.
«Déjenme ser clara. Si vienen a nuestro país y rompen nuestras leyes, los vamos a perseguir; los criminales no son bienvenidos. Si intentas entrar ilegalmente vas a ser capturado, vas a ser deportado y nunca más podrás regresar. Sigue la ley y tendrás oportunidades, pero si la rompes, encontrarás consecuencias», expresa Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en uno de los mensajes de la millonaria campaña divulgada en radio, televisión e Internet.
La funcionaria, quien es el rostro de la mano dura del mandatario, en julio estuvo al lado de él cuando inauguró Alligator Alcatraz, la cárcel para inmigrantes construida sobre una pista de aterrizaje a inmediaciones de los humedales de Everglades, en Florida. Ella anunció la nueva disposición de su jefe.
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Rodeada de asistentes y miembros de la patrulla fronteriza, Noem manifestó el martes recién pasado: «Cuando algo está pintado de negro se calienta más, por lo que será más difícil de escalar», en referencia a la muralla que divide a México y Estados Unidos a la altura de Santa Teresa, Nuevo México. La aludida, incluso, «colaboró» al tomar el rodillo y manipularlo sobre la superficie.
Sin duda, para el gobierno de Estados Unidos es prioritario frenar la inmigración y deportar a quienes se cuelan para vivir «el sueño americano». En la ejecución de su estrategia no se han medido ni escatimado recursos. De hecho, el departamento a cargo de Noem ha engordado sus finanzas operativas, como lo patentiza la campaña mediática.
Ahora bien, utilizar el término «criminales» es un exceso. La emigración de gente de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y países del Caribe y el Sur del continente obedece a una necesidad frente a las precarias condiciones prevalecientes en sus entornos. Estas personas son trabajadoras que, en medio de enormes sacrificios, prestan sus servicios en Estados Unidos.
Para recorrer la tormentosa travesía, buena parte de quienes tratan de asentarse en Norteamérica caen en las redes del crimen organizado, y en ocasiones no consiguen el objetivo. Contra dichas estructuras, que incluyen el tráfico de armas y drogas, entre otras agrupaciones mafiosas, sí deberían moverse con más contundencia las fuerzas de seguridad estadounidense.
Trump ha promovido el temor y la incertidumbre entre las y los migrantes indocumentados que ahora caminan, laboran, estudian y realizan demás actividades cotidianas con la amenaza de sufrir la deportación. Mientras tanto, las decenas de miles que van en ruta añaden los efectos de la guerra psicológica derivada de mensajes como los que lidera Noem.
Y la situación adquiere niveles de sadismo cuando la secretaria señala que, a la dificultad de atravesarlo por debajo, casi imposible por la profundidad de la base, el que la nueva pintura aumente la temperatura al tacto, eleva los riesgos al intentar escalar el muro. En esa línea, hace números para destinar los US $46 mil millones que el Congreso autorizó para extender y ampliar la obra que al sumar sus distintos tramos supera por poco los mil kilómetros.
Un dato de colofón: hasta el 19 de los corrientes, 29,244 guatemaltecos han sido deportados; de ellos, el 50 % tenía, como mínimo, 5 años de estar en Estados Unidos, y como máximo, 25.
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