Para poder llegar a esta sentencia fueron necesarias 121 audiencias, las cuales se desarrollaron con diversos litigios maliciosos. Un claro ejemplo de ello es que el inicio del juicio fue suspendido 12 veces. Además de las excusas de alta carga laboral en los tribunales, no tener disposición de megasala, situación de COVID, problemas de audios en las salas, etc.
Durante el desgastante proceso de búsqueda de justicia, los familiares de las víctimas presentaron múltiples denuncias por amenazas e intimidación durante los últimos 8 años.
El Hogar Seguro, lejos de brindar protección a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, abandono y maltrato infantil, se convirtió en un espacio donde se reprodujeron de manera sistemática abusos y violaciones a sus derechos. Las denuncias incluían violencia sexual, la posible existencia de una red de trata interna, constantes fugas de albergados, alimentos en mal estado y un grave hacinamiento: la institución diseñada para 500 personas llegó a albergar a más de 800.
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Ante esta situación, las y los adolescentes intentaron denunciar los abusos mediante una protesta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para ello, planearon una fuga del Hogar y hacer pública su voz. Sin embargo, fueron retornados por la Policía Nacional Civil (PNC), quienes además los agredieron físicamente, manosearon a las niñas y encerraron a 56 de ellas en un salón de apenas 47 m² como medida de castigo. Allí se les negó el acceso a alimentos, agua y sanitario.
En ese contexto de encierro y protesta, las menores incendiaron unas colchonetas para exigir que abrieran la puerta. Las autoridades del Hogar, en lugar de socorrerlas, mantuvieron cerrado el salón. El fuego acabó con la vida de 41 niñas y adolescentes; entre las sobrevivientes, nueve estaban en estado de gestación.
De los 12 señalados, seis han sido condenados y uno absuelto. Entre los sentenciados figuran funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Policía Nacional Civil (PNC) y el Organismo Judicial (OJ).
El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal ordenó al Ministerio Público (MP) abrir una investigación para establecer el grado de responsabilidad del entonces presidente Jimmy Morales y su asesor, considerando que la SBS dependía directamente de la Presidencia. Morales perdió su inmunidad en enero de 2024 al dejar el Parlamento Centroamericano, lo que abre la posibilidad de que pueda ser procesado. No obstante, se prevé que su defensa recurra a maniobras dilatorias y litigios maliciosos, como ya ocurrió entre 2017 y 2021, cuando se intentó sin éxito retirarle la inmunidad.
A la luz de la sentencia del 12 de agosto, resulta indiscutible que el Estado debe garantizar mejores condiciones de vida y desarrollo para todas las niñas, niños y adolescentes, así como dotar de recursos e idoneidad al personal de las instituciones responsables de su cuidado.
La justicia para las niñas no ha terminado: debe continuar.
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