A lo largo de este tiempo, he aprendido cómo herramientas como la Clasificación Integrada de Fases (CIF) pueden transformar la respuesta a las crisis nutricionales. En un país donde la inseguridad alimentaria afecta a millones, y que es impulsada por determinantes como la pobreza crónica, la inacción gubernamental, la corrupción, el cambio climático y la desigualdad rural, la evidencia en políticas públicas es fundamental para construir y desarrollar vías que den resultados concretos en la lucha contra el hambre.
Sin embargo, el potencial de herramientas como el CIF —una metodología comprobada y efectiva en otros contextos— se diluye en un ambiente de políticas reactivas y opacas. El análisis de 2024 proyectaba que 7 millones de personas enfrentarían inseguridad alimentaria entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, con 2.7 millones en fases de crisis o superiores, lo que requería asistencia inmediata y protección social. Pero ¿qué sucedió con esos hogares identificados en inseguridad alimentaria? ¿Recibieron apoyo efectivo que los sacara de la vulnerabilidad? En mi experiencia, rara vez se miden los resultados de las diversas entregas que se realizan para supuestamente reducirla. ¿Mejoró el consumo de alimentos? ¿Se redujeron las estrategias de afrontamiento? ¿Los ingresos son suficientes para atender otras necesidades en el hogar? Sin evaluaciones rigurosas, estas proyecciones quedan en meras alertas sin acción transformadora.
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La situación actual es alarmante. Las propuestas para abordar de manera distinta y viable el problema son censuradas, y la opacidad en la gestión de la información es preocupante. A diferencia de gobiernos anteriores, en los que participé voluntariamente durante diez años en el análisis del CIF y en el Comité de Pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la administración actual me ha excluido —junto a otros técnicos— de estos espacios, en los que hemos aportado de manera desinteresada como un servicio a los territorios que tanto amo.
Esta no es la primera vez que adopto una posición crítica: desde el plan Hambre Cero de Otto Pérez Molina he señalado la omisión de determinantes multifactoriales básicos, como la baja cobertura de los servicios de salud, que son fundamentales para abordar el problema. Sin embargo, ahora mis recomendaciones son ignoradas y rechazadas y priorizan narrativas triunfalistas.
El último CIF, realizado de manera hermética en julio de 2025, carece de un informe público y se basa en datos secundarios de baja fiabilidad, sin proyecciones ni análisis profundos. En su momento advertí —y lo sigo haciendo— sobre el peligro de que, sin datos primarios robustos, el CIF no refleje las realidades territoriales, y falle como umbral para declarar emergencias. Las comunidades rurales quedan expuestas a crisis invisibles, exacerbadas por la incertidumbre climática. Un caso paradigmático es la «reducción» celebrada en los casos acumulados de desnutrición aguda en las últimas semanas. En realidad, esto se debe más a validaciones de bases de datos en las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) que a intervenciones efectivas. Como dicen las salas situacionales del MSPAS: «Semanas previas superaban promedios históricos; súbitamente, en la semana 33, caen por debajo». ¿Manipulación o coincidencia? Esto ignora causalidades reales como el hambre estacional, y contradice evidencias explicativas y proyecciones.
La opacidad se agrava con retrasos. El plan de Lucha contra la malnutrición, que incluye una evaluación de impacto, posiblemente se presentará en septiembre de 2025, al final del segundo año de gobierno. Esto es inexcusable; debía presentarse en el primer año para un monitoreo oportuno. Saltarse etapas perpetúa ciclos de vulnerabilidad, como los 2.4 millones en fase de crisis en 2024. Otro ejemplo grosero es el insigne programa «Mano a Mano», que a la fecha no cuenta con un documento oficial ni indicadores claros.
Criticar exige rigor; no se trata de desmerecer avances, sino de demandar evidencias sólidas. Lo mismo que se espera de cada informe anual se puede obtener con herramientas automatizadas de bajo costo en cada Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN). Evaluaciones locales semestrales con datos y umbrales fiables permitirían considerarlos como sistemas de alerta temprana.
El CIF es vital, pero sin transparencia, puede condenar territorios a un hambre evitable. Es hora de que el Gobierno abandone los triunfalismos, haga cambios, abra espacios y priorice datos primarios para desarrollar políticas impactantes que realmente transformen la realidad de las comunidades que tanto lo necesitan.
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