Según la nota de Leslie Sánchez y Rosa María Bolaños titulada Manejo de licencias de atún genera polémica y confusión sobre quién debe investigar los supuestos señalamientos (Prensa Libre, 28 de febrero), en el proceso de otorgamiento de licencias para la pesca de atún han surgido denuncias públicas que apuntan a posibles actos de favoritismo y obstrucción en la aprobación de permisos. Incluso, Pedro Trujillo, en el programa Con Criterio, mencionó que se había visto a la exviceministra Marissa Montepeque paseando por elegantes centros comerciales en Panamá, en compañía de empresarios involucrados en este sector, quienes tienen su residencia en dicho país.
Desde octubre del año pasado, la bancada VOS ha estado insistiendo en un tema crucial: la discusión sobre si otorgar una licencia simple para la explotación de un recurso marítimo con destino al mercado exterior, o aprovecharlo para su industrialización en el país. Esta segunda opción, obviamente, tendría un impacto más significativo, ya que implicaría un mayor valor agregado industrial, la incorporación de tecnología y la creación de empleo en este sector, más allá de la simple pesca y extracción del recurso.
En las primeras citaciones, los técnicos de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca) informaron que existen varios concesionarios, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, que tenían la obligación de abastecer la demanda del mercado local. Sin embargo, señalaron que algunos no cumplían con este requisito.
Aquí se observa el punto crítico de la regulación de los negocios en el medio, principalmente los que explotan algún recurso que debe ser vigilado por diversas razones (ambientales, nutritivas, de salud, etc). La Administración Central no cuenta con las herramientas, el personal, los instrumentos y los propios procesos de rendición de cuentas eficaces para lograrlo. Igual es con el petróleo o la extracción de níquel, entre otros.
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La ineficacia de las regulaciones es tal, como se observa en el reportaje, que al procederse a multas, estas son exoneradas por alguna autoridad. En el caso de omisiones impositivas la Constitución es tan magnánima que permite que el Superintendente de la SAT se conduzca a la oficina presidencial para que el mandamás otorgue las dispensas, muchas de las cuales son millonarias. Hay, por cierto, más de algún exsuperintendente de la SAT bien colocado en el ambiente de los ingenios azucareros, muy acostumbrados a esos presidentazos.
El Ministro actual mencionó que, afortunadamente, diferente a otros casos, en la apelaciones jurídicas de la empresa afectada, y acusada de incumplimiento, la Corte de Constitucionalidad decretó sentencia en favor de los intereses patrios, concluyendo que «la cuota es soberana del país y que le pertenece, por lo que puede disponer de ella». Esto favorece, en consecuencia, a una empresa de capital español interesada en la industrialización del recurso atunero en el país.
Así, nos encontramos actualmente ante la oportunidad de industrializar el atún en el país, de la mano de la empresa denominada Industria Atunera Centroamericana. Sin embargo, esta empresa deberá competir en un mercado marcado por la económica importación de atún, incluso desde países tan distantes como Tailandia, como pude comprobar personalmente al recorrer los estantes de supermercados en la capital. Si el atún viene competitivamente de tan lejos, se debe a que contamos con abundantes Reservas Monetarias Internacionales, con un moneda barata y con aranceles mínimos, y más que todo, con un Impuesto al Valor Agregado a la importación que posibilita precios atractivos.
La competencia aquí será, entonces, entre la Inversión Extranjera Directa, que puede incluso convertirse en exportadora y atraer divisas, y los simples comerciantes y aduaneros, quienes dejan un valor agregado mucho menor en comparación con la primera.
Pero la cosa no queda aquí. En otro reportaje, titulado Ante los señalamientos por las licencias para la pesca de atún, la Comisión Contra la Corrupción hace propuesta para reducir vulnerabilidad (Prensa Libre, 1 de marzo), la periodista Bolaños informa que, ante el escándalo generado por las licencias, la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) comenzó a dar seguimiento a las denuncias públicas sobre el otorgamiento de licencias.
La preocupación de la CNC se centra en la efectividad de las regulaciones dentro de la Dirección de Normatividad de la Pesca (Dipesca). La Comisión ha identificado síntomas de deterioro en el ente, como la falta de transparencia en la actualización de expedientes y la publicación de información clave, lo que dificulta el control ciudadano y la auditoría de las acciones de Dipesca.
Llegados hasta aquí, es necesario concluir que ministerios como el MAGA no deben limitarse al simple otorgamiento burocrático de licencias ni a la distribución de víveres o fertilizantes, como se hace actualmente. Su enfoque debe centrarse en el fomento productivo directo: atunero, ganadero, lechero, y, por supuesto, en todo lo relacionado con la seguridad alimentaria, incluyendo la vinculada a la economía campesina.
Es hora de repensar la política económica, y, siguiendo el discurso en boga, al estilo de Trump, sí que debe reconsiderarse el tema arancelario y cambiario. ¿Cómo es posible que resulte más rentable importar atún de Tailandia que ofrecerlo en Guatemala con un producto cercano a Puerto Quetzal o Santo Tomás de Castilla?
Como ocurre con el tema ganadero, el hato nacional se ha venido mermando desde hace algún tiempo, mientras nos acostumbramos a la carne nicaragüense y a la leche costarricense, e incluso a la australiana. Todo esto, mientras cerramos los ojos ante el millón anual de cabezas de ganado que llegan desde diversas regiones cercanas al Atlántico y buscan los mercados del sureste de México, a través de formas claras de contrabando.
Si no repensamos la industria y seguimos acomodados a un tipo de cambio artificial, basado en la diáspora de las remesas, sufriremos gravemente cuando esta variable se ajuste y las importaciones se encarezcan. Y es que, aprovechando el actual escenario macroeconómico, resulta fácil cerrar las plantas productivas, provocando el cese de la planilla obrera, y abrir bodegas importadoras, contratando agentes aduaneros por doquier, y volviéndose comerciante.
La propia Cámara de Industria, en estudios realizados por consultores de renombre, se propuso hace algunos años alcanzar una participación del PIB industrial cercana al 30 % del producto total para el 2030. Sin embargo, la realidad actual muestra una desindustrialización preocupante, con una participación cercana al 13 %, lo que representa un tema de alta responsabilidad para los ministerios de Economía y Agricultura.
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