Es decir que casi dos de cada diez personas son niñas menores de 14 años. Pero, ¿cómo las trata el aparato estatal? Esta semana tenemos dos muestras palpables de ello. Por un lado, continúa el proceso contra las autoridades responsables del Hogar (mal llamado seguro), Virgen de la Asunción. Por el otro, la iniciativa de reformas a la Ley de la Alerta Alba Keneth.
En el primero de los casos, ocho personas que tuvieron posiciones de decisión durante el suceso, enfrentan un juicio. Han pasado siete años desde el 8 de marzo de 2017, cuando en un aula del sitio, al estar encerradas, 41 niñas murieron y otras 15 quedaron con graves heridas por el incendio originado en el salón. Las niñas habían sido encerradas luego de que las fuerzas de policía las detuvieran, tras una fuga la noche del 7. Meses antes, niñas, niños y adolescentes en el lugar habían denunciado tortura, abuso sexual y malos tratos. La entonces sí funcional Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), emitió una resolución que daba por válidas las denuncias, investigaba los hechos y requería medidas cautelares para la niñez y adolescencia en el lugar.
Lejos de atender las voces de alarma, la lógica gubernamental del régimen de Jimmy Morales Cabrera hizo uso de la fuerza policial para resolver las quejas. En esa lógica, al desatarse el incendio el 8 de marzo, en lugar de procurar socorro y salvar a las niñas, las autoridades se mantuvieron impávidas ante los gritos de horror que ahora resuenan en el tribunal. Algunos testimonios del inicio de los hechos dan cuenta de que el propio mandatario Morales Cabrera se comunicó por vía telefónica con el jefe de la Policía Nacional Civil en el lugar. Hasta ahora, el exgobernante sigue impune por estos hechos, cuya responsabilidad no le es ajena. Crimen de Estado, ni más ni menos.
En el segundo caso, se trata de la iniciativa de ley que busca reformar el decreto 28-2010 que creó el sistema de alerta Alba-Keneth. Un mecanismo establecido para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. La propuesta intenta que en la ley se plasme la obligación de las empresas de telefonía móvil de difundir dichas alertas por mensaje de texto. Una iniciativa que ha sido sustentada y promovida por las niñas de la Asociación Coincidir. Ellas han viajado en varias ocasiones a la ciudad para promover la reforma. Y, la semana del 20 de febrero, llegaron de nuevo esperanzadas con que se aprobaría en tercera lectura y por redacción final.
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La semana pasada, la discusión a la reforma aparecía en el último punto de la agenda. Aún así, las niñas permanecieron con ilusión, a la espera de que se aprobara. Sin embargo, lejos estaban de imaginar que diversidad de congresistas abandonarían el hemiciclo para romper el quorum y evitar así la aprobación. Temas de otra índole, ajenos a la niñez, eran la prioridad de quienes tienen la responsabilidad de aprobar las leyes. Por ejemplo, la diputada Sandra Jovel, excanciller del gobierno de Jimmy Morales, dedicó su tiempo a una reunión con el expresidente Alejandro Giammattei. Llegó de frente a dialogar con el sucesor de Morales y le dio la espalda a las niñas.
Las niñas de Guatemala, en Guatemala, no son prioridad para el Estado. No representan una población de interés y no las consideran sujetas de derechos. En las manos de dos organismos de Estado –el Congreso y el Organismo Judicial– está dar un paso adelante en la superación de esta falla. El Congreso, por lo pronto, ya lo ha dado.
La sentencia condenatoria a los responsables, Jimmy Morales incluido, del incendio en el hogar Virgen de la Asunción, dará una idea de cuánto importan las niñas al sistema de justicia.
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