En 2010 el Congreso de la República aprobó la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto número 16-2010, en cuyo artículo 10 dispone que el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) incluye dentro de sus miembros al presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y al presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC). Esto constituye un enorme y descomunal conflicto de interés, toda vez que las empresas que buscan beneficiarse de los contratos de APP –que aprueba el Conadie– son integrantes del Cacif o de la CGC, con ventaja ilegítima de las que no son parte de esas dos organizaciones empresariales.
Ahora bien, este conflicto de interés no era parte de la propuesta inicial para implementar en Guatemala las APP. Formalmente, esa propuesta inicial la presentó en 2006 el Organismo ejecutivo, mediante la iniciativa de ley número de registro 3472, en cuyo artículo 9 se proponía que el directorio de la superintendencia a cargo de las APP estuviera integrado por tres representantes del Gobierno y dos representantes de colegios profesionales, con mayoría gubernamental. En 2008 la Comisión de Economía y Comercio Exterior (CECE) la dictaminó favorable con extensas modificaciones, ahora con el Conadie integrado por seis representantes gubernamentales, cuatro profesionales y el diputado presidente de la CECE.
Resultado de negociaciones políticas intensas que incluyeron al gobierno del presidente Colom y a los empresarios, la ley fue aprobada en 2010. Incluyó una enmienda de último momento que volvía a modificar la integración del Conadie, quedando seis representantes del Gobierno, y los presidentes del Cacif y de la CGC, con mayoría gubernamental.
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Ahora el gobierno de Arévalo y el sector privado impulsan reformas al Decreto 16-2010 en la forma de la iniciativa de ley 6433. El dictamen favorable de la CECE de hace un año, propone cambiar –una vez más– la integración del Conadie: dos ministros de Estado, el director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad –generalmente afín al empresariado–, y los presidentes del Cacif y de la CGC, prácticamente, de hecho, con mayoría proempresarial. Así, de aprobarse esta propuesta, el conflicto de interés preexistente se agudizaría de manera extrema.
El grupo parlamentario Raíces, disidente de Semilla y liderado por el diputado Samuel Pérez, se opuso vehementemente a la aprobación de esta propuesta, y contrapropuso una enmienda en la que dejaba fuera del Conadie a los presidentes del Cacif y de la CGC. La iniciativa no fue aprobada por mayoría de votos en contra, incluyendo los de la bancada de Semilla y la oposición desde el Ejecutivo. Esta acción ha causado revuelo y profundiza el antagonismo entre las facciones fragmentadas del oficialismo, además de evidenciar enormes contradicciones éticas e ideológicas dentro de Semilla y del Ejecutivo.
La posición de Arévalo y de Semilla al defender la presencia del Cacif y de la CGC en el Conadie constituye un pragmatismo ciego y agresivo. Toca exigir que transparenten a cambio de qué están negociando semejante cesión de continuar tolerando un conflicto de interés que ya lleva 15 años. Me temo que nada lo justifica.
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